Crimen sin castigo

El Estado, bajo cualquier forma histórica, especialmente la capitalista, detenta el monopolio de la violencia, “legitima” o no, pero la detenta implacable y el uso de ella es discrecional, arbitrario, aunque depende fundamentalmente del grado de la conflictualidad social; es decir, del nivel e intensidad de la lucha de clases. Por supuesto, el uso de este monopolio es de naturaleza clasista, pues en el caso de nuestra sociedad burguesa la violencia estatal es usada para aplacar, reprimir, oprimir, aniquilar a la clase peligrosa (dangerous class), o sea, la clase trabajadora, antagónica absolutamente a la burguesía. En tal sentido, el Estado se constituye como un instrumento de represión sobre las clases dominadas. Son las propias contradicciones del capital, los antagonismos de clase, las que determinan el origen de violencia social y su intensidad. Desde hace buen tiempo, esta sociedad se encuentra en una vorágine de barbarie social cuya violencia y destrucción desatada trae consigo toda una estela de descomposición social brutal de crímenes y genocidios, y todos los engendros apocalípticos habidos y por haber. A la mundialización del capital le acompaña inevitable un proceso de violencia social; los grandes acontecimientos bélicos del siglo pasado, incluidos sus holocaustos, son un ejemplo notable de ello. La violencia social es consustancial al desarrollo del capital, y aún sin grandes conflagraciones mundiales, el proceso contemporáneo del capitalismo salvaje, su neoliberalismo, su perversidad intrínseca, es muestra patente de una cultura de la muerte. La sociedad está enferma, muy enferma. Estamos hablando de una profunda crisis civilizatoria cuyas consecuencias fatales son previsibles si no hay alternativa, para no hablar de la barbarie ecológica con sus desastres actuales y futuros inmediatos.

Este es el marco histórico–social en el que se inserta, por ejemplo, la hiperviolencia en nuestro país. Según una nota periodística del lunes pasado de Jonathan Hernández [Diario 24 Horas], los asesinatos en México superan las cifras de muertos en guerras de Irak y Afganistán. En ese mismo lapso de tiempo, más de 103 mil personas murieron en Afganistán e Irak. “Durante el periodo de 2007 a 2014, 164 mil personas fueron asesinadas en el marco del combate al narcotráfico en México. En ese mismo lapso de tiempo, más de 103 mil personas murieron en Afganistán e Irak, dos naciones que están en guerra, es decir, que México tiene más muertos durante el mismo tiempo sin estar formalmente en guerra con otra nación, de acuerdo a Frontline. En la publicación titulada “The Staggering Death Toll of Mexico’s Drug War” [“Escalonamiento de la cifra de muertos de la guerra contra las drogas en México”], el periodista Jason M. Breslow detalla que más de 26 mil civiles han muerto en Afganistán. Señala que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 164 mil personas murieron entre 2007 y 2014, casi 20 mil murieron en 2014, un número considerable, pero aun así una disminución con respecto a los 27 mil muertos alcanzados en el clímax de la guerra de 2011. Contrastó que según las estadísticas de las Naciones Unidas y del sitio web de Irak, Body Count [número de muertos], en el mismo periodo de siete años, 103 mil personas murieron en Afganistán e Irak”. Esto acontece en México sin estar en guerra con otras naciones, en un país democrático, donde existe un Estado de Derecho, es decir, apegado a las leyes y su aplicación irrestricta, por ende, sin corrupción y no donde existe la impunidad: Un país ficticio, pero es el México que perciben los funcionarios públicos como el mundo de los mejores mundos posibles. Ya lo dijo Peña Nieto, hay países en peores condiciones que el nuestro. Es decir, no valen las quejas ni reclamos. Vistas así las cosas como las matanzas, masacres, desapariciones, secuestros, fusilamientos extrajudiciales, crímenes, descuartizamientos, desollados, feminicidios, infanticidios y demás atrocidades cotidianas, son hechos que debemos ver como algo natural, sin drama ni melodrama.

Pero, desde luego, el saqueo de los recursos naturales, el despojo patrimonial de comunidades campesinas e indígenas, la terrible pobreza social, el desempleo masivo, las enfermedades y la desnutrición, el déficit de infraestructura social, la carencia de escuelas, hospitales y de equipamientos colectivos, el robo del erario, los bajos salarios, según el poder y el dinero, no tiene nada que ver con la corrupción ni la impunidad prevalecientes e inherentes al sistema económico y político. La violencia no necesariamente implica el asesinato artero, pero la represión carcelaria es ejemplo de ello: 8 mil indígenas están en prisión por defender sus tierras y los tienen en condiciones deplorables, sin contar otros cientos de presos políticos ¿Cómo parar toda esta carnicería, este baño de sangre con sus fosas clandestinas? ¿Cómo parar los viles y cobardes asesinatos de periodistas críticos al sistema y a los gobernantes criminales y corruptísimos, algunos verdaderos asesinos seriales? Los periodistas deben portarse bien, si no aténganse a las consecuencias. La impunidad del crimen produce más crímenes. En México, muchos gobernantes, sin portar armas portan licencias para matar a diestra y siniestra. En México, si un gobernador tiene toda la impunidad del mundo para asesinar a periodistas cuantimás cualquier policía, judicial o militar siente el poder del monopolio estatal de la violencia en sus manos para matar arteramente a cualquier ciudadano.

Es posible construir una paz social en nuestro país, pero esta requiere de una democracia fincada en el poder popular. Un mundo mejor es deseable y posible.