Tiempo vivido

Testamentos ejemplares

Ante la ola de indignación de la ciudadanía a consecuencia de las riquezas acumuladas por los gobernantes, diputados, senadores y funcionarios menores hábiles en malversar fondos públicos para sí o para sus jefes, recordé la gran diferencia de estas generaciones de políticos con aquellos del México insurgente y los liberales de la Reforma. Estas diferencias se ponen al descubierto al leer sobre las herencias y dotes de figuras verdaderamente prominentes en la Historia de México, los cuales murieron en la más clara modestia, incluso pobreza  material y financiera lo cual se constata en sus respectivos testamentos.

Así Miguel Ramos Arizpe, Juárez, Zaragoza, Juan Antonio de la Fuente, Carranza son ejemplos comprobables de rectitud cuando ejercieron el máximo poder de nuestra nación al no haber acumulados propiedades ni riquezas durante el ejercicio de sus funciones ni a consecuencia de ellas.

Sin duda estaban nutridos de una sólida formación ética y moral, con un acendrado y verdadero espíritu de servicio público y una honestidad a toda prueba. Es claro que sin estos antecedentes cívicos de nada sirven leyes de transparencia, rendición de cuentas o sistemas anticorrupción porque el ingenio maligno del ser humano sin valores ni principios sabrá como burlarlos.

Tenemos pruebas fehacientes de corrupción que aún con declaraciones patrimoniales siembran dudas de su veracidad ante la opulencia con que viven contradictorias a los antecedentes previos a sus cargos públicos. Se hace necesario revisar los valores inculcados por la familia e instituciones de educación y los fundamentos simuladores de los mecanismos para hacer respetar la legislación anticorrupción que tiene vicios encubridores desde sus orígenes.

Cierto la corrupción es añejo problema de la humanidad y se pueden documentar a lo largo de la historia los intentos para combatirla. Como también se puede documentar la falta de solvencia ética y moral de quienes allá y entonces como en el aquí y el ahora han sido proclives a enriquecerse ilícitamente. No hay otra que una estricta vigilancia ciudadana y mecanismos para castigar efectivamente a los corruptos no sólo privándolos de la libertad, sino confiscándoles sus riquezas y propiedades a su nombre, de los familiares y prestanombres identificados por cohecho. 


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