Voces Ibero

Excellon Resources, Inc vs. La Sierrita

Uno de los grandes retos para la protección de los derechos humanos en México y otras partes del mundo son las empresas transnacionales. Este tipo de empresas constantemente cometen abusos en países en vías de desarrollo debido al poder económico y político que detentan. En los últimos años, este problema es común en las llamadas industrias extractivas, es decir, aquellas que se dedican a extraer y explotar los recursos del subsuelo: minerales, gas y petróleo. Estas industrias, generalmente con el consentimiento del gobierno, cometen atropellos que tienen un impacto negativo en el medio ambiente de las comunidades, la salud y el acceso a agua limpia de sus habitantes, las condiciones laborales, etc. 

Este es el caso de la comunidad del ejido La Sierrita, ubicado en el municipio de Tlahualilo, Durango. Desde 2004, la empresa canadiense Excellon firmó un contrato de ocupación temporal con los ejidatarios para la extracción de plata, plomo y zinc. Debido a las condiciones de desventaja de dicho contrato, en 2008, se logró una renegociación del mismo en el que se estipularon diversas cláusulas sociales, económicas y medioambientales que pretendían abonar al desarrollo de la comunidad. Sin embargo, la empresa incumplió varias de ellas obligando a los ejidatarios a presentar una demanda de rescisión del contrato de ocupación temporal. 

Después de cuatro años de litigio, el Tribunal Agrario emitió una resolución de desocupación inmediata de las tierras de uso común del ejido, pero condena a este último a pagar a la empresa la cantidad de más de cinco millones de pesos manteniendo un embargo sobre las tierras. Esto significa que el ejido tendrá que compensar a la empresa a pesar de que realizó exploraciones fuera de las tierras arrendadas sin autorización, incumplió su promesa de dar preferencia a los ejidatarios para su contratación en la mina, falló en la creación de un fondo social para las actividades productivas del ejido y ha tenido un impacto ambiental negativo en la comunidad. 

Se trata de una resolución que resulta absurda a todas luces. Ahora lo único que queda, antes de la instancia internacional, son los tribunales federales. Sería bueno que pudieran otorgar un verdadero acceso a la justicia y reparen las violaciones a derechos humanos que se han cometido en contra de los habitantes de La Sierrita. 



roberto.gidi@iberotorreon.edu.mx