Perdón, pero...

El aborto y la paradoja del perdón

Hay en México varias decenas de mujeres encarceladas y con duras sentencias por haber abortado. Obviamente, la mayor parte de ellas son mujeres pobres que algún médico muy católico o simplemente conservador, acusó ante el Ministerio Público. En algunos estados de la República esto es un crimen que se persigue con mayor fuerza, celeridad y eficacia que muchos otros delitos. Estas mujeres que están en la cárcel son el resultado de la enorme contraofensiva orquestada por el episcopado católico mexicano y los grupos de ultraconservadores que lo apoyan, que terminaron con la modificación de más de 16 constituciones estatales, para imponer distintas versiones de lo que llamaron “la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. La consecuencia fue un revoltijo jurídico, pues si bien el derecho a la vida se estableció en muchos estados, las causales que están exentas de la penalización de este hecho son muy variadas en el país. En casi toda la República no se penaliza el aborto por causa de violación y luego hay otras razones, como el peligro de vida de la madre o la malformación del feto, que exentan al aborto de cualquier punibilidad. Tenemos entonces en el país mujeres que si así lo deciden pueden ir con toda tranquilidad, en Ciudad de México, a practicarse un aborto y otras, por supuesto las más pobres e ignorantes, que son encarceladas durante años por el mismo hecho. Todo este sufrimiento, insisto, se debe a la contraofensiva del episcopado católico, que presionó con éxito, a gobernadores y legisladores, para que se castigara a las mujeres.

Sin embargo, ahora que el papa señala que el aborto debe ser perdonado de manera indefinida por todos los sacerdotes porque “no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir”, no solo el episcopado y los sacerdotes católicos están frente a la obligación cristiana de perdonar, sino que paradójicamente, el Estado laico está castigando a unas pobres mujeres que ni la propia Iglesia quiere todavía castigar. Procede entonces, si hay un mínimo de congruencia, que los obispos vayan ahora a presionar a gobernadores y legisladores para que despenalicen el aborto y que los gobernadores, hayan sido o no influidos por el clero, indulten de manera inmediata a las pobres mujeres encarceladas. Así, lo que para la Iglesia es un tema de misericordia, para el Estado laico debe ser un asunto de justicia.

roberto.blancarte@milenio.com