Perdón, pero...

Impunidad de alzacuello

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habría confirmado la validez de la elección para la gubernatura de Aguascalientes y el triunfo del candidato del PAN, a pesar de que acreditó que integrantes del clero católico, y en particular el obispo de Aguascalientes, actuaron indebida e ilegalmente en dicho proceso electoral. Hay que recordar que, pese a lo que se cree, en realidad los ministros de culto tienen pocas limitaciones para expresarse políticamente. El artículo 130 de la Constitución señala que: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna.” Como se puede observar, la Constitución no les exige demasiado. Simple y sencillamente que no intervengan en los procesos electorales. Pero hay algunos ministros de culto que no se aguantan, porque consideran su deber (el cual estaría por encima de la Constitución de todos los mexicanos) orientar a los feligreses y decirles por quién sí y por quién no deben de votar.

El tribunal electoral tenía varias opciones: invalidar el proceso electoral, dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y a la Secretaría de Gobernación, o ambas cosas. Decidió, sin embargo, en una decisión dividida, aprobar el proceso electoral y notificar a la Fepade, así como a Gobernación, la cual hasta ahora no ha hecho nada, o muy poco, respecto a este tipo de violaciones a la Constitución. Más bien, se podría decir que el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos se ha dedicado a justificar dichas violaciones. Lo curioso fue que, aunque todos los magistrados coincidieron en que el jerarca católico violó la ley, cuatro de ellos se opusieron a invalidar la elección puesto que, de acuerdo con su opinión, no se habría probado que se favoreció al PAN y solo para dos de ellos habría habido colusión probada, por lo que plantearon, aunque sin éxito, invalidar el proceso.

Así que, por un lado, tenemos a un político que, ayudado indebidamente por la jerarquía católica, habría obtenido la gubernatura y, por el otro, a un obispo que, ante los ojos de todos, violó nuestra centenaria Carta Magna. Para mi gusto, Gobernación debería retirarle el registro como asociación religiosa a la diócesis de Aguascalientes. Sería una buena manera de empezar a eliminar la impunidad de alzacuello.

roberto.blancarte@milenio.com