Los partidos ante la crisis

Ahora todos los partidos llaman a un pacto contra la violencia, como si eso no fuera parte de un mínimo indispensable por el que tienen que velar. Nada más que ahora la gente no quiere más promesas y discursos.

Lo de Ayotzinapa, llegue a donde llegue, es la expresión de una profunda crisis de legitimidad de la llamada “clase política”. Por eso, lo peor que podían estar haciendo los partidos y los gobiernos era estar echándose la culpa unos a otros. Eso no le estaba ayudando a ninguno. Sucedió lo mismo con los gobiernos: mientras que unos pensaron que era el momento de hundir al PRD, casi inmediatamente fue claro que las responsabilidades eran de todos y que, para la gente, la falta de acción, la negligencia administrativa y la indiferencia política es básicamente lo mismo y no solo en Iguala, sino en todo el país, por lo que las culpas se extienden a todo el espectro gubernamental.

La crisis de legitimidad parte entonces de una crisis de credibilidad: la gente no confía en los dichos de los políticos partidistas ni piensa que los funcionarios están allí para servir al público. No estoy diciendo algo nuevo. Sin embargo, la crisis desatada por el caso de los normalistas de Ayotzinapa plantea retos inesperados a esta clase política. El primero y más importante de ellos es el de una crisis de representatividad. Los partidos y los gobiernos se formaron básicamente para representar políticamente a los ciudadanos. Pero si estos no se sienten representados, pasamos entonces directamente a una crisis de legitimidad, pues ni los partidos ni los gobiernos tienen derecho a estar allí.

Obviamente, un país no puede funcionar si sus partidos y sus gobiernos no representan a los ciudadanos. Por eso, lo que está pasando tiene tanto peso y tiene a toda la clase política atemorizada; porque en el momento que esa desconexión sea evidente, las consecuencias pueden ser muy graves, incluyendo el fin del sistema político o del régimen. El artículo 40 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos sostiene: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal…”. Por lo tanto, si alguna de estas premisas no se cumple, los ciudadanos tienen derecho a denunciar el pacto. Pero sobre todo, si la gente no se siente representada, tiene derecho a reclamar el cambio de representantes. Esto por lo general parece complicado, pues no es fácil deshacerse de políticos y funcionarios legalmente establecidos. Sin embargo, esa es la diferencia entre legal y legítimo. Y cuando no hay legitimidad, por más legal que sea un cargo político, ante la presión deslegitimizadora, solo los tiranos soportan la presión. Los demás se van a la primera.

Ahora bien, el reclamo deslegitimizador puede darse de muchas maneras. El más obvio es el de la salida a la calle por parte de la gente. Si esto llega a ser masivo y escapa al control de los propios partidos, los políticos están obligados a tomar medidas correctivas inmediatas, pues de otra manera se corre el riesgo de que la llamarada se extienda y no haya después quien la controle. Pero hay también otras formas de deslegitimación: la resistencia pacífica que puede incluir la negativa al pago de impuestos o su abierta evasión, la negativa a participar en los actos de gobierno, la negativa a reprimir o usar la fuerza legítima (precisamente porque ya no lo es), la asunción ciudadana de labores que le corresponden al gobierno (como la vigilancia y la garantía de seguridad, que es lo que hicieron algunas fuerzas de autodefensa). Habría que preguntarse cuántas de estas cosas ya están sucediendo en el país.

A los partidos políticos les costó trabajo asumir sus responsabilidades. Acostumbrados a la descalificación, pensaron que era uno de esos momentos para desprestigiar al adversario o presentarse como autoridades moralmente puras. Que yo sepa, el único que tuvo las agallas de pedir perdón, al asumir la dirección de su partido en el mismo momento que le estalló la bomba de esta tragedia, fue Carlos Navarrete. Ahora todos llaman a un pacto contra la violencia, como si eso no fuera parte de un mínimo indispensable por el que tienen que velar. Nada más que ahora la gente no quiere más promesas y discursos: quiere acciones concretas. La legitimidad solo se puede reconstruir con credibilidad y ésta a su vez únicamente existe cuando hay resultados visibles.

roberto.blancarte@milenio.com