El Estado omnipotente, pero fallido

Tenemos las reformas que en principio transformarán el país. Por otro lado, un Estado inexistente para la población, al grado que se arma para defenderse. Los mexicanos tenemos que padecer los dos Estados: el omnipotente y el fallido o inexistente.

Para muchos, el Estado mexicano es omnipotente y se encuentra en todos lados, en más de los que debería estar. No permite hacer negocios, ni que haya compañías de luz y petróleo alternativas, ni deja de subir impuestos ni para de anunciarse y promoverse como el gran benefactor social. Para otros, el Estado mexicano es fallido. No cumple con su mínima función, que es la de garantizar la seguridad del ciudadano común. No vigila ni hace que se cumplan las leyes. No sirve para nada, pues. La paradoja de un Estado omnipotente, pero al mismo tiempo inexistente, parece darse día con día en nuestro país. Por un lado tenemos las famosas reformas estructurales, la energética, la fiscal, la electoral y la política que en principio transformarán la cara del país. Pero, por el otro, tenemos un Estado inexistente para la población, al grado que ésta se ve obligada a armarse para defenderse y hacer las veces de la policía o del Ejército. Los ciudadanos mexicanos tenemos que padecer los dos Estados: el omnipotente y el fallido o inexistente.

La disyuntiva entre un Estado que concentra todo el poder y uno que se compone de toda la fuerza de sus ciudadanos es muy antigua y alimenta bibliotecas de la ciencia política. Entre el Leviathan y el contrato social como explicación del Estado moderno se han construido múltiples ensayos de gestión política de la sociedad. Pero lo que tenemos en México es el peor de ambos modelos. Por una parte nuestro Leviathan no parece ser capaz más que de cumplir su parte negativa: cobrar cada vez más impuestos y concentrar la fuerza (armada, política), al mismo tiempo que permite el robo, el enriquecimiento de contratistas y funcionarios corruptos, etcétera. Por el otro, no deja que los ciudadanos se armen y organicen su propia defensa (porque desconfía de la acción ciudadana, o de la infiltración por parte del crimen organizado), ni sienta las bases para un modelo de seguridad local fuerte, con policías confiables. Como ha sucedido desde el siglo XIX, el centro le tiene miedo a las regiones. No le gusta que se armen porque históricamente ello ha sido fuente de cacicazgos y levantamientos. Pero tampoco ofrece alternativas. Lo sucedido en Michoacán es ejemplo de esta postura: el gobierno no elimina a las bandas del crimen organizado, pero tampoco quiere que los ciudadanos se defiendan por sí mismos. La respuesta es una ocupación desde el centro, la cual evidentemente no resolverá las cosas a largo plazo. A menos que el Estado cumpla verdaderamente su función, eliminando las bandas criminales y construyendo una fuerza de seguridad verdaderamente ciudadana, que sea confiable y que dependa de las comunidades. Mientras esto no suceda, seguirán existiendo la extorsión, el robo, los asaltos, los secuestros y las violaciones.

Por lo demás, Michoacán está más cerca de lo que parece. Conozco a muchas personas que tienen pequeños negocios en diversas delegaciones del Distrito Federal y que han sido objeto de extorsiones. Se han quejado ante amigos suyos, funcionarios de alto nivel en la administración pública, incluso en el área de seguridad. Lo único que han tenido como respuesta son consejos vagos, recomendaciones inútiles, incluso reconocimiento tácito de incompetencia e incapacidad.

El problema nuestro es que tenemos a un Estado fallido (no nada más en Michoacán, insisto, sino en todo el país), que coexiste con un Estado omnipotente, que no permite la construcción de una fuerza ciudadana, construida con una lógica distinta a la del poder centralizado y cupular. El Estado omnipotente se junta con el Estado fallido precisamente cuando no hace ni deja hacer. Ni permite armarse a la población, ni le ofrece seguridad. Ni ataca el problema de la corrupción política ligada al crimen organizado, ni genera las condiciones para que el poder político deje de ser un negocio para unos cuantos. Las reformas estructurales del Estado terminan alimentando un aparato costoso, pesado y lento que no sirve para nada, más que para hacer presencia en momentos críticos pero específicos. Lo que la ciudadanía requiere es un Estado presente, eficiente y libertario, no omnipotente y fallido al mismo tiempo.

roberto.blancarte@milenio.com