Qué hacer después de Ayotzinapa

Me pregunto si los políticos ya entendieron el mensaje sobre la gravedad del caso Iguala, es decir, de tener policías que se dedican al crimen en lugar de proteger a los ciudadanos.

Viernes 7 de noviembre: 8:45 de la noche. Vengo circulando por el sur de la ciudad. Me dirijo, acompañado por mi esposa, a una reunión social con colegas de El Colegio de México. Venimos platicando, inevitablemente de la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa. De repente, una camioneta de la Secretaría de Seguridad Pública del DF me pide que me detenga. Lo hago. Pienso que quizás traigo algún foco trasero apagado o algo así. No. Se trata de “una inspección” porque han recibido “un reporte de una camioneta sospechosa”. Pregunto: ¿Con este número de placas? No, me dice el policía, pero con una descripción similar a su camioneta. Bueno. Me pide los papeles y se asoma al interior de la camioneta. Revisa mi licencia que está en orden, al igual que mi tarjeta de circulación que, por suerte y después de engorroso trámite, acabo de renovar. Y como todos mis papeles están bien, entonces el policía se acerca para ver si huelo a alcohol y me pregunta si no he tomado. Solo en ese momento pienso que quizás la policía está únicamente buscando algún pretexto para extorsionarme. Le contesto en broma que apenas voy a eso y, finalmente, el policía me deja ir. Son de esas circunstancias en las que el policía podría quizás argumentar que estaba haciendo su trabajo, aunque no sé cómo pasó de revisar mi camioneta por un reporte (de no sé qué cosa) a control del Alcoholímetro. Nada grave. Lo malo es que no es el primer incidente que algún amigo o familiar ha tenido con la policía del DF. Hablo de extorsiones directas hechas por patrulleros que acusan de cualquier cosa inexistente a los conductores para que les entreguen dinero (acompañándolos incluso a que saquen efectivo de cajeros automáticos). Me pregunto entonces si los políticos ya entendieron el mensaje sobre la gravedad del caso de Ayotzinapa, es decir, de tener policías que se dedican al crimen en lugar de proteger a los ciudadanos. Luego, más noche, observo que casi al mismo tiempo una turba está tratando de incendiar la puerta principal del Palacio Nacional.

Muchas veces, salvo señalamientos generales que se refieren a las responsabilidades de los diversos actores políticos, es difícil pasar del nivel de la indignación a cuestiones más concretas. Estos días me despierto, sin embargo (gracias al recuerdo del incidente, inocuo pero significativo), con la trágica toma de conciencia de que, a pesar de lo de Ayotzinapa, las cosas siguen igual y nuestros dirigentes solo están pensando en cómo superar el acontecimiento con los menores costos políticos. Los policías corruptos, que son muchos, siguen operando como si nada hubiera pasado, pero eso es hasta cierto punto esperable, dada la ausencia de controles institucionales para solucionar el problema. Y nuestros funcionarios no han empezado a tomar cartas en el asunto para terminar con la plaga de la corrupción en los diversos organismos de seguridad pública, simple y sencillamente porque no han tomado conciencia de que el problema que Ayotzinapa reveló, no es local sino nacional. Y sucede en la capital de la República al igual que en el municipio más remoto de la sierra.

Ayotzinapa, con toda su gravedad, no fue nada más Ayotzinapa. Ese suceso, que quedará en nuestra historia por lo que finalmente destapó, no es ni puede quedarse en una anécdota local y localizada. Y las reacciones muestran que la gente está harta de la ineficacia e ineficiencia de los políticos, de su falta de responsabilidad e incompetencia para solucionar el problema de la inseguridad en el país. Pues lo mínimo que podemos esperar los ciudadanos es distinguir entre quiénes son los criminales y quiénes son los encargados de mantener la seguridad pública. Porque salir a la calle para ver cuál de ellos lo va a asaltar, extorsionar o secuestrar es lo que la gente ya no pude tolerar. Así que la memoria de los normalistas de Ayotzinapa y lo sucedido en Iguala no se puede borrar, a pesar de que eso sería el deseo de muchos políticos. Ayotzinapa debe ser un recuerdo de nuestra exigencia permanente de que los órganos policiales y de seguridad sean finalmente  depurados para que sirvan, al igual que los políticos, para lo que fueron establecidos.

roberto.blancarte@milenio.com