El Estado discriminador

Casos graves son donde se interviene para reprimir una religión, por sugerencia de jerarcas de la Iglesia mayoritaria, o por la propia convicción de que algunas creencias pueden ser nocivas para la cultura, identidad nacional, estabilidad o el orden social.

En México, la discriminación es moneda corriente. Pese a los esfuerzos recientes de organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) o las diversas comisiones para la defensa de los derechos humanos, la discriminación sigue siendo muy grande. No es algo que va a disiparse de un día a otro. Ni va a desaparecer de manera automática. Se requiere la acción de la sociedad que, apoyada en el Estado, debe utilizarlo como su instrumento para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. No es, desafortunadamente, lo que ha sucedido en los años recientes. Parecería incluso que, por lo menos en materia de religiones, hay una deriva discriminadora por negligencia, omisión o descuido, lo cual no hace por ello menos responsables a los funcionarios involucrados. Y esa deriva, que se incrementó durante los años del panismo en el gobierno federal, desgraciadamente ha sido alimentada por gobiernos estatales y municipales de todo el espectro político. El actual gobierno federal, a pesar de inaugurar su gestión al mismo tiempo que entró en vigor la laicidad de la República, comenzó su gestión con un acto abiertamente discriminatorio contra la Iglesia de cienciología, al negarle su registro como asociación religiosa.

La norma legal es muy clara al respecto. El artículo 3º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala precisamente: “El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.” No es lo que sucede ahora. Cuando el Estado reprime algunas expresiones religiosas o es utilizado por grupos religiosos dominantes contra expresiones religiosas minoritarias se vuelve discriminador. También lo hace cuando, a través de un gobierno, favorece una determinada perspectiva o convicción religiosa, genera un privilegio y, por lo tanto, un trato inequitativo. El Estado discrimina igualmente cuando actúa contra las convicciones de algunos creyentes o de sus comunidades, impidiéndoles el libre ejercicio de su fe o de sus creencias, en condiciones similares a las del resto de la población. El Estado, en su representación gubernamental federal, estatal o municipal, no es únicamente el garante de la equidad y del freno a la intolerancia de algunos grupos, sino que tiene la obligación de generar las condiciones para que la discriminación no se convierta en un fenómeno endémico. Pero si además de ello el Estado no se vigila a sí mismo, muy fácilmente puede propiciar situaciones inequitativas o incluso ser el instrumento de la discriminación, en este caso oficial y por lo tanto aún más difícil de combatir.

Los casos más graves son, sin embargo, aquellos donde el Estado interviene abiertamente para reprimir a una religión, por sugerencia de algunos jerarcas de la Iglesia mayoritaria, o por la propia convicción de que algunas creencias pueden ser nocivas para la cultura y la identidad nacional, o un obstáculo para la estabilidad y el orden social. Otro ejemplo lamentable de discriminación religiosa por parte del Estado en México ha sido el de la intervención de funcionarios públicos (en cuanto tales y no a título personal) en ceremonias religiosas de culto público. Así, por ejemplo, el gobernador de Chihuahua se consagró personal y públicamente, así como a su estado, al sagrado corazón de Jesús y a la virgen María en abril de 2013 y en esto fue seguido días después por el gobernador de Veracruz y posteriormente por la alcaldesa de Monterrey, quien hizo entrega de dicha ciudad “a nuestro señor Jesucristo” sin importarle ni el Estado laico ni los ciudadanos que pertenecen a otras religiones. Al hacer esto, los funcionarios públicos no solo violaron varios principios y artículos constitucionales, así como la Ley de asociaciones religiosas y culto público, también llevaron a cabo un acto flagrante de discriminación, al favorecer un culto religioso específico, por encima de otros. ¿Hizo algo la Dirección General de Asuntos Religiosos, responsable de sancionar estos delitos? No, no movió un dedo. Veremos si este año esa oficina hace lo que le corresponde.

roberto.blancarte@milenio.com