Nuestra capacidad para aguantar

¿Hasta dónde puede llegar la llamada clase política en sus maniobras frente a una ciudadanía que está cada vez más cansada de ella? ¿Qué capacidad tienen los ciudadanos comunes para revertir situaciones que parecen escapar de su control? ¿Hasta dónde puede llegar una sociedad en lo que podría catalogarse como un suicidio del sistema político? El tema me vino a la mente por lo que está pasando en Estados Unidos y en México. Los porcentajes de popularidad de los congresos de ambos países han llegado a niveles bajísimos, junto con los de la clase política. Pero la capacidad de soportar una situación es muy distinta. Los mecanismos de revisión y de castigo hacia los representantes políticos de la ciudadanía podrían no variar demasiado. Sin embargo, lo que la población está dispuesta a aceptar en uno y otro lados es prácticamente incomparable. Dicho de manera más simple: los mexicanos le aguantamos mucho más a nuestra clase política. Y soportamos situaciones que serían inimaginables para los ciudadanos en Estados Unidos.

Por mera casualidad me tocó estar en la capital de Estados Unidos en el momento que tuvo el cierre o shutdown del gobierno federal norteamericano. Que los políticos no pudieran llegar a un acuerdo para que el presupuesto federal siguiera ejerciéndose de manera normal era un asunto grave. Y las medidas suponían el corte inmediato de casi 800 mil empleados federales, considerados no indispensables para el mantenimiento de las capacidades básicas del gobierno federal (como defensa o seguridad nacional). Estando en el Distrito de Columbia, equivalente jurídico de nuestro Distrito Federal, me parecía que eso generaría quizás algunos disturbios y mal funcionamiento de la vida de la capital norteamericana. Pero no sucedió. Salvo por el cierre relativo de los monumentos nacionales y de los museos federales (como los del Smithsonian), la vida en Washington se desarrolló con su acostumbrada tranquilidad. Incluso más, porque muchos empleados federales (como los que cuidan los monumentos nacionales) simplemente se quedaron en su casa. No hubo manifestaciones. No hubo cierre de calles. No hubo marchas hacia el Congreso. Prácticamente no hubo más que las molestias generadas a los turistas que ya no pudieron visitar los museos y monumentos previstos en sus vacaciones. Siendo el Distrito de Columbia la sede de los poderes federales, se hubiera uno podido imaginar que ya no se recogería la basura o que se degradarían los servicios de la ciudad. Pero nada de eso aconteció, porque la ciudad de Washington cuenta con un presupuesto para este tipo de emergencias y cuando deja de fluir el presupuesto normal, simplemente entra en acción el de relevo. Los ciudadanos que viven en la ciudad de Washington y sus alrededores no tuvieron que sufrir las consecuencias de las disputas políticas.

Aun así, a escala nacional, el cierre presupuestal y la amenaza de que los políticos no lleguen a un acuerdo sobre el monto y extensión en tiempo del techo de la deuda de los Estados Unidos tiene al público norteamericano tan enojado que han surgido muchas protestas, vehiculadas sobre todo a través de los medios y en las asambleas de los partidos. La más sentida, por así decirlo, fue la de que los congresistas no deberían de cobrar sus salarios mientras el cierre presupuestal estuviera vigente. En otras palabras, la visión de muchos ciudadanos es que si los políticos no están haciendo su trabajo, que es el de negociar y ponerse de acuerdo para llevar adelante los presupuestos nacionales, así como otros asuntos cruciales, ellos no deberían de tener derecho a recibir su paga. Al mismo tiempo, en la medida que la parálisis presupuestal está teniendo efectos en la bolsa, las finanzas y en la economía en general, la presión sobre los partidos y los políticos aumenta proporcionalmente. El juego de los protagonismos políticos tiene un costo para ellos.

Me pregunto si en México hay algo en sistema político o en nuestra cultura ciudadana que nos hace ser menos efectivos presionando a nuestros políticos, que nos hace aguantar situaciones escandalosas. ¿Podemos pedirles cuentas y castigarlos con algo más que el voto?