Ventajas y riesgos de una colaboración

La colaboración con la Santa Sede es deseable y valiosa, pero debe ser acompañada por una vigilancia especial para que no se convierta en la ocasión de nuevos privilegios ni mucho menos en la distorsión de las políticas públicas.

El gobierno mexicano hace muy bien en buscar aliados nacionales e internacionales para su política en materia de migración. Es en ese contexto que se puede entender el coloquio organizado con la Santa Sede para debatir sobre el tema, así como la presencia del cardenal secretario de Estado Pietro Parolín en México. El tema migratorio es uno de los pocos donde el Estado mexicano y la Santa Sede pueden tener grandes coincidencias, sin poner en duda ni en riesgo los principios que han regido las relaciones del Estado con las Iglesias en los últimos 150 años. La cuestión humanitaria se establece en primer plano y las posturas gubernamentales pueden ser fácilmente apoyadas por el Vaticano. El gobierno mexicano puede ver movilizado en su favor toda una red de protección y apoyo de la Iglesia católica en ambos lados de las fronteras norte y sur del país. En particular, lo que las diversas diócesis pueden hacer en el sur de Estados Unidos, en términos de movilización de recursos humanos y materiales, de apoyos políticos y sociales, es invaluable. Si a ello se sumaran las diócesis mexicanas de manera más decidida en esta materia, en lugar de estar haciendo cabildeo contra el aborto, es decir, si la Iglesia mexicana se empeñara más en estos temas en lugar de estar buscando privilegios con los gobiernos locales, la situación de los migrantes mexicanos y centroamericanos sin duda mejoraría. Por ello la realización del Coloquio México-Santa Sede es un esfuerzo de la cancillería mexicana que podría ser muy exitoso. La clave de este éxito, sin embargo, es que la posible colaboración no se convierta en una puerta para la intromisión de la Iglesia en asuntos que el Estado mexicano debe decidir por encima de cualquier interés particular o religioso. En suma, que la colaboración con la Santa Sede es deseable y valiosa, pero debe ser acompañada por una vigilancia especial para que ésta no se convierta en la ocasión de nuevos privilegios a la Iglesia católica ni mucho menos en la distorsión de las políticas públicas que por fuerza y mandato constitucional deben ser laicas y seculares.

Menciono lo anterior porque, como era de esperarse, el cardenal Parolín vino a ofrecer su punto de vista sobre la cuestión migratoria pero de paso también a definir lo que desde la perspectiva del Vaticano, no solo lo que deberían ser las relaciones entre el gobierno mexicano y la Santa Sede, sino también el derecho mexicano. Doy un ejemplo. El secretario de Estado de la Santa Sede dijo que en las sociedades democráticas avanzadas “la fuente más originaria del derecho no se encuentra en los mecanismos de consenso y pacto entre mayorías y minorías, propios de cualquier asamblea legislativa, sino en el reconocimiento de la dignidad inalienable de toda persona.” Y agregó: “El ‘derecho personal’ a tutelar el principio innegociable e irrenunciable que la razón descubre como una necesidad a promover en todo ser humano, surge de una realidad pre-positiva que sostiene todo el orden jurídico.” En otras palabras, el cardenal Parolín sostiene que más allá del derecho positivo hay una realidad que el propio derecho debe reconocer y es la dignidad de la persona. Cuestión en la que los juristas están de acuerdo y no, porque el respeto a los derechos humanos es en efecto un elemento sustancial de todos los estados de derecho constitucionales, pero al mismo tiempo es claro que estos derechos no viven como una realidad metafísica y no existen como tales hasta que no son incorporados en las constituciones, leyes, reglamentos o decisiones judiciales. En otras palabras, los derechos humanos pueden ser perennes e inalienables, pero en la medida que no todos están de acuerdo en cuáles son estos así como en sus límites y contradicciones (pensemos en el derecho del embrión y en el de la mujer, que en ocasiones se contradicen), se tienen que debatir socialmente para ser establecidos y garantizados. De hecho, en más de una ocasión es la propia Iglesia la que pretende negar esos derechos a algunos, basándose en su particular perspectiva doctrinal. En suma, aplaudamos las ventajas y cuidémonos de los riesgos de esta colaboración.

roberto.blancarte@milenio.com