La Santa Sede y la Independencia en América

La Sede Pontificia estaba ansiosa por recuperar su autonomía y aborrecía a los gobiernos republicanos, pero al mismo tiempo deseaba mantener una situación social privilegiada. Eso se convirtió en uno de los dilemas irresueltos a lo largo de dos siglos.

Ahora que festejamos la Independencia, no está de más recordar las circunstancias políticas en las que se desarrolló. No siempre las cosas han sido tersas en la historia entre México y la Santa Sede. Es bien conocido que, en pleno restablecimiento de sus poderes a través de la Santa Alianza, luego de haber permanecido prisionera de Napoleón Bonaparte, la Sede Apostólica no era particularmente receptiva a las demandas de los insurgentes americanos ni de los subsecuentes gobiernos victoriosos. Austria, Francia, Prusia y Rusia establecieron la alianza entre el Altar y el Trono en 1815 y lo ratificaron en el Tratado de Verona de noviembre de 1822. Allí, las potencias se declararon convencidas de que el sistema de gobierno representativo era incompatible con los principios monárquicos, tanto como la máxima de la soberanía del pueblo con el derecho divino. Por ello se comprometían a “esforzarse para poner fin al sistema de los gobiernos representativos en los países de Europa donde existe y para impedir que se establezca donde todavía no es conocido”. Así que no debe extrañar que en enero de 1816 el papa Pío VII emitiera una encíclica mediante la cual exhortó a los súbditos americanos a la obediencia a su rey, a través de la ayuda de los prelados coloniales. Dicha solicitud fue reiterada en 1822, cuando ya en la mayor parte del continente americano estaban en función gobiernos independientes. Aun así, la mayor parte de ellos envió diversas misiones a Roma para tratar de obtener el reconocimiento o negociar algún tipo de concordato que resolviera la cuestión del Patronato (el control que tenía la Corona sobre nombramiento de obispos y en general sobre la administración de la Iglesia en tierras americanas) y la de las numerosas sedes episcopales que se habían quedado vacantes. Mientras tanto, un Patronato de facto era ejercido por los nuevos gobiernos, lo cual no dejaba de irritar a un sector de los clérigos, instruidos para oponerse a cualquier pretensión en ese sentido de las repúblicas independientes.

La cuestión del Patronato, heredado o no por las nuevas Repúblicas de la Corona española, convertida en una pretensión de control o jurisdicción sobre la Iglesia católica, habría de ser de hecho la herencia envenenada de las primeras repúblicas católicas independientes de la América hispánica. La Santa Sede aprovechó la coyuntura de las independencias para reafirmar la doctrina ultramontana (es decir la que venía de Roma) respecto a dicho Patronato, argumentando que se trataba de una concesión, por lo tanto no inherente en la soberanía y consecuentemente no heredable por las nacientes repúblicas. Éstas, por el contrario, respiraban el espíritu regalista de la monarquía, al mismo tiempo que suponían indispensable para su identidad el mantenimiento de la legitimación religiosa de sus gobiernos. La Corona española, por su parte, seguía blandiendo sus derechos y prerrogativas pontificias y amenazaba a la Sede Pontificia contra cualquier posible acuerdo o reconocimiento de las nuevas repúblicas americanas.

La Sede Pontificia estaba ansiosa por recuperar su autonomía y aborrecía a los gobiernos republicanos, pero al mismo tiempo deseaba mantener una situación social privilegiada. Eso se convirtió en uno de los dilemas irresueltos a lo largo de los dos siglos siguientes. Además de ello, la cuestión del Patronato habría de convertirse en un elemento de discordia no solo entre los nuevos gobiernos americanos y la Santa Sede, sino entre aquellos que defendían la alianza entre el poder temporal y la autoridad espiritual, característica del antiguo régimen, y aquellos que comenzaban a pensar en un esquema de separación de esferas de acción. En términos generales, mientras se buscaba una solución, a través de enviados plenipotenciarios a Roma, los Congresos establecieron Patronatos de facto. Sin embargo, siguiendo la misma práctica establecida, ninguno de los nuevos gobiernos se atrevió a nombrar obispos para las numerosas sedes diocesanas vacantes y en toda América se esperó pacientemente la llegada de Gregorio XVI, en 1831, para que finalmente se comenzaran a nombrar obispos.

roberto.blancarte@milenio.com