Coahuila, de avanzada

Esta entidad modificó el Código Civil para permitir la adopción a parejas unidas por el Pacto Civil de Solidaridad. Esta reforma tiene nuevos alcances jurídicos, simbólicos y culturales. Se ha convertido en el estado de la República más avanzado en materia de libertades.

¿Por qué dos estados vecinos tienen políticas diferentes en materia de libertades sexuales y reproductivas? ¿Por qué Nuevo León está pensando en limitar aún más los derechos de las mujeres, considerando meter a la cárcel a quienes interrumpan sus embarazos, poner en prisión a los médicos que se atrevan a ayudar a morir a un paciente terminal, mientras que en Coahuila los legisladores acaban de modificar mediante una votación aplastante el Código Civil, para permitir que el matrimonio pueda ser efectuado entre personas del mismo sexo y estas parejas puedan adoptar?

Hay que recordar que en Coahuila ha estado vigente desde el 12 de enero de 2007 la figura del Pacto Civil de Solidaridad, que regula y reconoce los derechos de las personas que no eligen o no pueden optar por el matrimonio, incluidas parejas homosexuales; sin embargo, como se sabe bien, el pacto no es un matrimonio y no tiene los mismos efectos legales. Se debe recordar igualmente que el 11 de febrero pasado la legislatura del estado de Coahuila modificó el Código Civil para permitir la adopción a parejas unidas por el Pacto Civil de Solidaridad, figura a la que se podían acoger tanto parejas homosexuales como heterosexuales. De allí que esta reforma tenga nuevos alcances, no solo jurídicos, sino simbólicos y por lo tanto culturales: Coahuila se ha vuelto con esta medida en el estado de la República (pues el DF es una entidad federativa, pero no un estado) más avanzado del país en materia de libertades. Es en definitiva un salto adelante en la lucha contra la discriminación, como lo reconoció la propia Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando felicitó al Congreso de Coahuila por la iniciativa aprobada, además de instar a la Federación y al resto de los estados de México a reconocer el derecho al matrimonio de los homosexuales.

¿Qué hizo posible que la mayoría priista haya apoyado la iniciativa de un diputado del Partido Socialdemócrata en esta materia? ¿Por qué los diputados priistas de otros estados, como el de Nuevo León, parecen estar más interesados en congraciarse con los dictados de la Iglesia católica? ¿Influye la posición del obispo de Saltillo, monseñor Raúl Vera? ¿O esta medida responde a una decisión del Legislativo coahuilense, más allá de lo que piense la jerarquía católica? Si fuese el primer caso, sería terrible, pues significaría que los políticos de dicho estado necesitan de la aprobación o por lo menos la indiferencia del obispo local para hacer pasar las leyes que contrarían los deseos del episcopado católico. Si no fuera así, habría por el contrario que aplaudir a los legisladores por hacer bien su trabajo, que es velar por el bien público, es decir el bien de todos, más allá de sus convicciones filosóficas o religiosas.

Ahora bien, el alcance de esta medida podría ser mayor si estuviéramos frente a una medida que estuviese anunciando una postura del Partido Revolucionario Institucional, más que una circunstancia coyuntural del estado de Coahuila. En otras palabras, si la aprobación por la mayoría priista del matrimonio homosexual en ese estado es el anuncio del regreso del PRI a sus posturas laicas y liberales en materia de derechos ciudadanos, quienes saben del peso del partido en las legislaturas de los estados tendrían que estar de plácemes. Si abandonase su neoconservadurismo, el PRI tendría en efecto la capacidad de impulsar a la sociedad mexicana hacia nuevos horizontes en materia de derechos y libertades.

Sin embargo, la anterior especulación solo se sostiene si lo hecho por los legisladores de Coahuila fue producto no de una acción circunstancial, sino concertada, reflexionada y aceptada por sus protagonistas. Y si lo hecho cuenta con la aprobación ideológica del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, o por lo menos con su consentimiento tácito, en tanto que hecho aislado y no necesariamente repetible en otros estados de la República. En cualquier caso, esta reforma constituye un hecho plausible que, más allá de los deseos del partido oficial, muestra los avances de una sociedad que quiere más libertades y menos discriminación.

roberto.blancarte@milenio.com