El saldo nocivo de la corrupción

La emboscada a un convoy del Ejército Mexicano en la que lamentablemente perdieron la vida cuatro militares, presuntamente realizada por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (MILENIO JALISCO, 13 de mayo), como venganza por “la incautación de un predio en donde se encontraban almacenados más de mil litros de combustible de dudosa procedencia” (MILENIO JALISCO, 14 de mayo), literalmente abrió la caja de Pandora respecto de la situación que prevalece en el frente de batalla sostenido por el Estado mexicano ante los grupos de la delincuencia organizada.

Por un lado, el simple hecho que esta agresión criminal a las fuerzas armadas ocurriera precisamente en tierras jaliscienses contribuyó a evidenciar no sólo a un segmento de población que habita en torno a los espacios geográficos más agrestes de nuestra entidad que convive cotidianamente bajo condiciones de inseguridad, sino además obligó el reconocimiento por parte de las autoridades locales acerca de la condición de incertidumbre prevaleciente en torno a la puesta en operación de la Fuerza Única Jalisco por carencias presupuestales (MILENIO JALISCO, 15 de mayo).

Por otro lado, el presunto móvil de la emboscada contribuyó a revelar una preocupante realidad cuyos alcances rebasan las fronteras de Jalisco y trastocan los cimientos operativos de una empresa pública estratégica para el país como lo es Petróleos Mexicanos. Para dimensionar la gravedad del problema de corrupción que desafía hoy en día al sistema de distribución de hidrocarburos que opera en el territorio nacional, ahí está el reconocimiento que hiciera su director general, Emilio Lozoya, sobre la existencia de casi mil tomas clandestinas, de las cuales 227 se localizaron en Jalisco el año pasado, ubicándola en la cuarta entidad federativa con mayor incidencia del robo de combustible (MILENIO JALISCO, 14 de mayo); así como las pérdidas económicas por el tráfico ilegal de combustible que, de acuerdo con el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, ascienden a 10 millones de pesos al año (MILENIO JALISCO, 15 de mayo).

Por sus repercusiones inmediatas tanto locales como nacionales, el lamentable suceso permitió ilustrar con suficiente nitidez cómo la corrupción imperante en no pocos ámbitos de la vida pública local y nacional, terminan produciendo múltiples efectos nocivos sobre el proceso de asignación de recursos presupuestales, haciéndolo claramente ineficiente: ya sea por el persistente déficit respecto del cumplimiento de funciones públicas esenciales como la seguridad, o por el desvío de cantidades significativas de recursos monetarios a otros propósitos fuera de la Ley.

 

roberto.arias@coljal.edu.mx