A prueba la atención de víctimas en Jalisco

El mismo día que nos enterábamos acerca de las sorpresivas manifestaciones sociales que se expresaron en tres municipios de Sinaloa a favor de El Chapo Guzmán recientemente capturado en esa entidad federativa y la advertencia presidencial que dejó en claro que “la Procuraduría General de la República (PGR), va por todo el aparato de complicidad que rodea al capo Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que se investiga si existe contubernio con el sector privado y el ámbito público en México, Estados Unidos y otras partes del mundo” (MILENIO JALISCO, 27 de febrero), desde Jalisco otra noticia se abrió paso con la aprobación por parte del Congreso del Estado de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.

Definitivamente no es una noticia menor el hecho de que en Jalisco cualquier persona “que haya sufrido directa o indirectamente algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier riesgo o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos” (MILENIO JALISCO, 27 de febrero), se encuentre en posibilidad de recibir la más digna y adecuada atención por parte de las autoridades locales a fin de hacer valer la protección de todos sus derechos que se encuentran consagrados tanto por la Constitución general de la República y los tratados internacionales a los que México se encuentra adherido en materia de derechos humanos.

En esta ampliación de la esfera de responsabilidad del Estado que, por sí misma, es una buena noticia, ciertamente aún está por verse la manera en que se habrán de configurar los diversos instrumentos que finalmente harán posible la puesta en marcha de la atención y protección de las víctimas del delito. Y por supuesto, vendrá a poner a prueba la ya de por sí polémica figura de la Fiscalía General del Estado, que por la vía de la Ley de Atención a Víctimas, ahora verá ampliadas sus facultades con el registro estatal de víctimas a la que se obliga levantar el gobierno para efectos de claridad y transparencia en la aplicación de la referida Ley.

Como siempre ocurre con la aprobación de toda nueva Ley, mucho me temo que únicamente con el transcurrir del tiempo se podrá evaluar efectivamente qué tanta razón les asistía a quienes ahora, señalan como graves algunas cuestiones relativas al diseño de algunas instancias e instrumentos legales. Aunque desde ahora es posible prever que el éxito de la nueva Ley, se encuentra estrechamente ligado con el nivel de competencia y profesionalismo que lleguen a demostrar los servidores públicos que finalmente sean nombrados al frente de las instancias responsables.

roberto.arias@coljal.edu.mx

Académico de El Colegio de Jalisco