El problema más grave del país

El anuncio público del consenso político alcanzado entre las tres principales fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados sobre el Sistema Nacional Anticorrupción llevó al coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a reconocer a la corrupción como “el problema más grave que hoy vive el país” (MILENIO JALISCO, 25 de febrero).

De entre los aspectos más sobresalientes del acuerdo político logrado, destaca “la ampliación de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar recursos estatales y municipales, así como la extensión a siete años del plazo de prescripción de actos u omisiones graves en la materia” (MILENIO JALISCO, 25 de febrero).

Una buena aproximación para dimensionar el tamaño del problema de la corrupción imperante en los gobiernos municipales, lo constituye el Índice de Desarrollo Institucional Municipal (IDIM), cuyos principales resultados conocimos la semana pasada por este mismo medio. Los resultados obtenidos particularmente en el subíndice de transparencia y rendición de cuentas que compone el IDIM, resultan bastante elocuentes sobre la gravedad del problema al ser el indicador donde más fallas se encontraron y en el cual “destaca la falta de entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los fondos de aportaciones federales” (MILENIO JALISCO, 23 de febrero).

Por otro lado, si tomamos en consideración la alta dependencia de las finanzas municipales de los recursos que la federación les transfiere como lo confirma el índice de capacidad financiera del mismo IDIM, efectivamente podríamos imaginarnos ya la enorme cantidad de recursos públicos cuyo ejercicio es susceptible de actos de corrupción. Bajo esta perspectiva, en efecto tal pareciera que la orientación del Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por nuestros políticos profesionales apunta en la dirección correcta para atacar el problema más grave del país; sin embargo, en tal solución se vislumbra ese mismo supuesto bajo el cual se han configurado las principales reformas promovidas por el actual gobierno federal: la centralización.

Asumir acríticamente que un mayor alcance de la intervención de las instituciones federales sobre los ámbitos locales de gobierno como vía para combatir la corrupción, es negar una probabilidad desafortunadamente muy alta: la persistencia de una buena cantidad de comportamientos corruptos entre los servidores públicos locales pueden explicarse y motivarse precisamente por influencias indebidas que presumiblemente provengan de personas que prestan sus servicios en el gobierno federal.

 

roberto.arias@coljal.edu.mx