La política energética que viene

Con la tremenda polvareda discursiva y anímica que levantó la semana pasada, la manera en que terminaron procesando nuestros legisladores federales el paquete de modificaciones constitucionales de la tan largamente anunciada reforma energética, es evidente que intentar ahora algún tipo de balance acerca de la política pública que se vislumbra en materia energética en México, se antoja una tarea que podría calificarse por lo menos de prematura por no decir literalmente que imposible.

Ciertamente los ánimos cívicos que se han expresado, lo mismo a través de las redes sociales que en las calles, que marcan ya una relativa tendencia que ha oscilado entre la incredulidad, el estupor y el abierto rechazo a la aprobación legislativa de la reforma energética, evidencian la altísima sensibilidad que este asunto mantiene en el imaginario de muchos mexicanos y tal vez, esta misma razón sea la que explique la estrategia adoptada por la mayoría de legisladores que decidieron acortar tiempos y dispensar trámites al debate parlamentario, para aprobar la susodicha reforma antes del domingo como parece que fue la consigna (MILENIO JALISCO, 11 de diciembre).

Si el proceso de discusión legislativa y política dejó mucho que desear, al tiempo que su discusión pública, más bien ausente, parece haber sido sustituida por actos abiertamente vandálicos, lo que se ha vislumbrado acerca del contenido de la reforma energética abrió más dudas que respuestas: ¿Cuál será el alcance real de la participación que tendrán tanto Pemex como CFE, en su obligada conversión a “empresas productivas del Estado” dentro del entorno de competencia que se abre con la reforma?, ¿cómo se garantizará el perfil y desempeño “profesional” de los integrantes del nuevo consejo de administración de la paraestatal?, ¿de qué manera se garantizará el buen uso y destino de los ingresos, que se espera administrar bajo la figura del Fondo Mexicano del Petróleo?, ¿cómo se evitará que los nuevos órganos responsables de las funciones de regulación de la competencia no terminen capturados por los poderosos grupos privados que aparentemente han manifestado su interés por invertir en el mercado energético nacional?

De la manera en que sean respondidas estas cuestiones dependerá, ni más ni menos, el grado de certidumbre que podrían albergar los ciudadanos respecto de los resultados que se esperan de la reforma y que, por cierto, han sido ofrecidos, lo mismo en términos de una sensible disminución de los precios de la gasolina y el gas, un consecuente incremento de la productividad y la reactivación económica del país, que como vía que contribuirá a erradicar definitivamente la pobreza extrema.

Académico de El Colegio de Jalisco

roberto.arias@coljal.edu.mx