Del oportunismo al profesionalismo

Como bien lo registró en sus Apuntes del día de ayer mi estimado amigo Rubén Alonso, el tiempo pasa para los estados de la República, quienes deberán cumplir con la constitución de los respectivos sistemas estatales anticorrupción, que vendrán a complementar al recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción, y para hacerlo bien, disponen de un plazo que vencerá el 19 de julio del año próximo; sin embargo, la tarea que tienen encomendada –y la que esperamos muchos ciudadanos que realicen los señores diputados locales en cada entidad federativa–  es que vayan más allá de lo establecido por el régimen aprobado a nivel nacional, que es apenas “una base –o mínimo– para operar un sistema intercomunicado e interoperable de anticorrupción”  (MILENIO JALISCO, 1 de agosto).

En el caso del Estado de Jalisco por ejemplo, está más que visto que un “ingrediente adicional” para el Sistema Estatal Anticorrupción que sería muy bien visto por la ciudadanía, sería que las autoridades locales asuman un compromiso serio a favor de la profesionalización del servicio público, a través de una legislación robusta que contribuya a erradicar la corrupción imperante y que ha venido sangrando al erario público por concepto de laudos laborales, que hoy suman la escandalosa cantidad de cinco mil millones de pesos (MILENIO JALISCO, 28 de julio).

Sin demérito de los legítimos derechos de todos aquellos servidores públicos injustamente despedidos sin mayor motivo que el de orden político-partidario, me parece que resulta indispensable que las autoridades locales no se quedaran únicamente con promesas, como la del gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, de agotar todos los recursos legales para no pagar las sumas millonarias por concepto de indemnizaciones laborales (MILENIO JALISCO, 29 de julio); ni se limiten atender la sugerencia formulada por el Fiscal General, Eduardo Almaguer, en el sentido de etiquetar menos recursos en sus respectivos presupuestos de egresos para el pago de laudos, “ante la existencia de los llamados abogados talibanes que buscan a través de estafas el pago de laudos laborales a presuntos trabajadores de dependencias”; o recurran a medidas inexplicables como desesperadas, que más bien atentan contra la institucionalidad de los gobiernos municipales, como lo fue en el caso del municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el retiro de facultades al síndico municipal y su traslado a terceras personas presuntamente ajenas al propio Ayuntamiento (MILENIO JALISCO, 28 de julio). Por el tamaño del problema que supone la enorme deuda pública como por la oportunidad ante el eventual Sistema Estatal Anticorrupción, el esfuerzo vale la pena.

roberto.arias@coljal.edu.mx