A favor de una participación incluyente

En preparación al próximo debate parlamentario que fue recientemente anunciado en torno a la participación ciudadana (MILENIO JALISCO, 28 de marzo), bien harían los señores diputados en revisar el libro de mi autoría titulado Democracia y Gestión Pública Municipal que mucho les ayudaría a destrabar el diferendo mediático sobre el apellido que debe acompañar al derecho soberano que poseemos cada uno de nosotros de participar en las decisiones públicas.

El texto no sólo les permitiría quitarle ese excesivo uso ideológico con el que suelen referirse al concepto “ciudadano” y de una buena vez entenderían que lo que pretenden definir como “democrático” no pasa de ser una “poliarquía” (Dahl, 1989), como la de cualquier otro régimen político que aspire y se inspire en los principios democráticos comúnmente aceptados.

Particularmente útil sería que revisaran la recomendación que ahí se esboza para atender al problema que supone la escasa incidencia política de la gran mayoría de los ciudadanos –de los que coloquialmente llamamos “de a pie”- sobre los asuntos gubernamentales y que derivan de esas añejas condiciones que imperan en nuestro medio y que vuelven inequitativo el acceso al derecho ciudadano de participar. En otras palabras, bajo las condiciones socioeconómicas y políticas imperantes  en la entidad, la decisión de cualquier ciudadano para ejercer su derecho a participar suele verse inhibida por los altos costos que enfrentan en virtud del tiempo y los recursos que deben invertirse a fin de sostener una acción colectiva con otros ciudadanos y los no pocos obstáculos que se enfrentan para que dicha acción efectivamente incida en el ánimo de quienes ostentan la legitimidad de tomar las decisiones públicas ya que, por lo general, la mayoría de nuestros representantes –no todos afortunadamente- suelen ser poco receptivos de las opiniones y expresiones ciudadanas, particularmente de aquellas que sean diferentes a sus puntos de vista.

Visto así, el meollo de la participación no sólo habrá que centrarla en la cuestión de maximizar la cantidad de ciudadanos que participan, sino además, en la cuestión de la calidad de esa participación y que supone garantizar las mejores condiciones posibles bajo las cuales cada persona ejerce su derecho a participar, de tal forma que ese derecho no se vea limitado o coaccionado por ningún tipo de condición o razón que sea ajeno a su voluntad soberana. En otras palabras, de lo que se trata es que las personas decidan ejercer su derecho a participar –o bien, decidan no hacerlo- de la manera más libre que sea posible.

 

roberto.arias@coljal.edu.mx