Por un nuevo Estatuto Orgánico Metropolitano

Con la renuncia pactada del director de Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), se abre una oportunidad sin precedentes para que las autoridades locales que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara, se den a la tarea de revisar su configuración orgánica y contribuyan a redimensionar los alcances de esa estructura técnica en el marco de la política de coordinación metropolitana y termine por desmitificar unas expectativas francamente inflamadas frente a la opinión pública.

Me parece que el aprovechamiento de esta oportunidad política obligaría, en primer término, a los presidentes municipales que conforman la Junta de Coordinación del Área Metropolitana de Guadalajara, y particularmente a Enrique Alfaro Ramírez, asumir y demostrar un compromiso efectivo con la política de coordinación metropolitana, que él mismo alentó siendo diputado local, y no conformarse únicamente con sacar adelante el acuerdo político acerca del nombramiento del sustituto de Ricardo Gutiérrez Padilla al frente del Imeplan.

Basta con echar un vistazo a la agenda medioambiental que se propuso durante el foro Guadalajara 500, de cara a la elaboración del Programa de Desarrollo Metropolitano (MILENIO JALISCO, 19 de junio), para dimensionar el tamaño y la relevancia de los acuerdos políticos que deberían asumirse, en primer término, en el seno de la Junta de Coordinación y ser corresponsablemente asumidos, en segundo término, al interior del Consejo Ciudadano Metropolitano.

De lo que estamos hablando es de la oportunidad que tienen los presidentes municipales para demostrar una voluntad política real y efectiva a favor del fortalecimiento de la institucionalidad metropolitana, que puede y debe ser concretada con la aprobación de un Estatuto Orgánico para el Área Metropolitana de Guadalajara, que no sólo amplié los alcances de operatividad de la Junta de Coordinación, sino además, vaya más allá de lo establecido por la Ley de Coordinación Metropolitana en términos de la representatividad e incidencia que debería tener un Consejo Ciudadano Metropolitano en la formulación de los instrumentos de planeación.

Tales medidas contribuirían, de manera importante, a desmitificar frente a la opinión pública a ese otro órgano técnico de la coordinación metropolitana que es el Imeplan y que, por su naturaleza eminentemente administrativa, se encuentra muy lejos de convertirse en esa pieza clave para explicar los resultados alcanzados hasta ahora, de la maltrecha agenda metropolitana. En otras palabras, la vía administrativa que se ha privilegiado en Guadalajara está muy lejos de ser la que nos conduzca a una auténtica gobernanza metropolitana.

roberto.arias@coljal.edu.mx