La corrupción en las agendas social y política

Muy probablemente el principal desafío que tienen los gobiernos, tanto federal como locales, respecto al grave problema que representa hoy en día la corrupción en el país, tiene que ver con la falta de credibilidad por parte de los ciudadanos. Así podríamos resumir una de las primerísimas conclusiones derivadas del primer ciclo de conferencias desarrolladas en el marco del Seminario Internacional sobre el Desafío de la Corrupción y sus sistemas de combate, control y vigilancia,  convocado por la Contraloría del Estado, el Itei, la Universidad de Guadalajara y El Colegio de Jalisco.

Y no es para menos si tomamos en cuenta que el asunto de la corrupción y las alternativas políticas para combatirlo han sido abordadas desde hace más de 30 años literalmente por todas las personalidades que han transitado por la titularidad de la Presidencia de la República y, aún hoy, a pesar de su notoria relevancia en las agendas de los gobiernos a raíz de la reforma constitucional, las propuestas de los ciudadanos y, en general, el debate nacional suscitado, ciertamente nos encontramos muy lejos de que se diga la última palabra y más bien será un tema recurrente en la opinión pública.

Si nos atenemos a los resultados dados a conocer lo mismo del Índice de Percepciones de Corrupción a cargo de la organización Transparencia Internacional como la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENIG); realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (MILENIO JALISCO, 26 de mayo), en los que se observa la percepción social en torno a la corrupción resulta más que elocuente la indiferencia ciudadana frente a las medidas adoptadas hasta ahora.

En este contexto, vale la pena subrayar la enorme oportunidad que representa el cambio en la manera en que se ha venido definiendo el problema de la corrupción y que sugiere verlo como un fenómeno cultural que es más bien la consecuencia y no la causa del problema. Este cambio permitiría no únicamente prever las probables resistencias por parte de los servidores públicos, quienes suelen percibir en este tipo de iniciativas, un pretexto para imponérseles mayores controles que dificulten su labor, sino además permitiría poner el acento en la promoción de un profundo cambio de cultura organizacional al interior de las administraciones públicas más que en la severidad de los castigos o la probabilidad de ser sorprendidos en conductas corruptas.

Esta idea sugerida por nuestros ponentes, me parece que, de llegar a madurar en el debate político actual, se estaría explorando una ruta que permitiría colocar al servicio público a la altura de otras sociedades desarrolladas.

roberto.arias@coljal.edu.mx