¿En busca de ciudadanos para la metrópoli?

Hoy se cumplen 42 días y restan 48 más para que las autoridades municipales que conforman la Junta de Coordinación Metropolitana den cumplimiento con lo que ellos mismos acordaron al momento de aprobar el estatuto orgánico de las instancias de coordinación metropolitana del área metropolitana de Guadalajara. En efecto, atendiendo a lo señalado por el artículo tercero transitorio de dicho instrumento que entró en vigor desde el pasado 18 de febrero, el Consejo Ciudadano Metropolitano –además del Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana– deberá quedar formalmente integrado en un término de noventa días naturales.

Con relación a la cantidad encontramos que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Metropolitana, el número de ciudadanos que pueden integrarse al Consejo es el que determine el estatuto orgánico, no pudiendo ser menor a dos consejeros por cada uno de los municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara y que es el mismo criterio que reproduce el susodicho estatuto en su artículo 81, lo cual nos lleva a un cuerpo colegiado integrado por tan sólo 16 individuos.

Por el lado de las cualidades que deberán tener estos 16 ciudadanos, tanto la Ley como el estatuto son muy precisos en subrayar su naturaleza de “representantes de las asociaciones vecinales y organizaciones civiles, profesionales y académicas asentadas en el área o región metropolitana”, además de que no pueden serlo las personas que funjan como servidores públicos de cualquier orden de gobierno, ministros de culto religioso, integrantes de las fuerzas armadas o cuerpos de policía, así como dirigentes de partidos y organizaciones políticas. Es decir, se preserva la naturaleza civil de los futuros integrantes del órgano.

A la luz de ambos criterios –cantidad y calidad– es altamente previsible que el proceso de selección de los 16 ciudadanos que lleguen a integrarse al Consejo, sea el resultado de alguna especie de auscultación por parte de cada Ayuntamiento entre las asociaciones vecinales y organizaciones civiles, profesionales y académicas asentadas en el área metropolitana. En otras palabras, los ciudadanos se distinguirán más por su representación de naturaleza gremial más que territorial, lo cual puede derivar en un escenario poco favorable a la representatividad de los asuntos de interés particular de algunos de los municipios periféricos de la metrópoli.

Quizás por ello es que a los municipios pareciera no urgirles demasiado el plazo legal para dar a conocer la convocatoria pública abierta a la que están obligados emitir a través de las comisiones edilicias de participación ciudadana o similares de cada ayuntamiento. Al tiempo.

Académico de El Colegio de Jalisco

roberto.arias@coljal.edu.mx