De la austeridad a la profesionalización

El consenso social alcanzado entre los jaliscienses en torno al asunto de los excesivos sueldos de los servidores públicos y que se expresara a través de sus sectores más representativos, lo mismo desde los liderazgos formales de los partidos políticos y las voces de algunos legisladores en lo individual, como de los empresarios que actualmente encabezan a los organismos más representativos del sector privado en la entidad y a escala nacional (MILENIO JALISCO, 24,25 y 26 de marzo), definitivamente constituye una extraordinaria oportunidad para mejorar sustancialmente nuestras instituciones públicas.

Además, el anuncio de la iniciativa de reforma constitucional en esta materia, que anunciara el titular del Ejecutivo del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, junto con otras medidas que contribuyan al relanzamiento de la administración pública de Jalisco (MILENIO JALISCO, 27 de marzo), contribuyó a no perder de vista la condición de interdependencia que prevalece entre la administración pública, el régimen político y nuestra Constitución.

Desde ahora resultaría sumamente grave circunscribir el asunto de los altos sueldos públicos a una mera reforma de naturaleza administrativa, sin considerar las repercusiones políticas que esta medida trae aparejada a la tan socorrida práctica social que impera en las administraciones públicas locales, que tiene que ver con el patronazgo imperante en el servicio público y que se refleja en la distribución de empleos públicos entre los colaboradores leales que ayudaron a cualquier candidato o partido político, a recolectar información sobre los votos y a generarlos empleando, por lo general, diversas estrategias de naturaleza clientelar (Tapia, 2012).

Otro error sería creer que con legislar bastaría para resolver el problema de fondo, con todo y que la reforma legal planteada sea al más alto nivel constitucional en la entidad. Los marcos normativos vigentes en materia de Servicio Civil de Carrera, tanto a nivel estatal como en dos municipios importantes como son Guadalajara y Zapopan, constituyen la mejor evidencia de que se requiere algo más que una Ley o un reglamento para que las contrataciones en el sector público dejen de basarse en cualquier otro tipo de criterio que no sea el mérito profesional de quien aspire al cargo público en cuestión.

Finalmente, más allá de revisar los pesos y contrapesos jurídicos formales bajo el prisma de los estándares internacionales del desempeño de los servidores públicos, más valdría no perder de vista la urgencia del fortalecimiento de los valores públicos por tratarse, ni más ni menos, que de la “condición humana” (Miguel Castro Reynoso dixit).

 

roberto.arias@coljal.edu.mx