Usos y abusos de la información pública

Definitivamente el mayor acierto sobre la ocurrencia de llevar a cabo un acto de “frescura democrática” (César Salvador de Anda Molina dixit), entre la escasamente lucidora obligación constitucional del Gobernador del Estado de “rendir por escrito al Congreso, el día primero de febrero de cada año, un informe anual del estado que guarda la administración pública, mismo que podrá enviar o presentarlo personalmente” (Cfr. Fracción III, artículo 50), y el ritual en franco desuso sobre la glosa del informe que iniciará esta semana en el Congreso, con las correspondientes comparencias de los diversos titulares del gabinete estatal, radica en haber puesto al descubierto la escasa credibilidad de la información contenida en el informe.

Más allá de las críticas sobre el formato de la “Glosa ciudadana”, que ciertamente tuvieron su peso en la opinión pública, evidenciando aquello que solía decir Jesús Reyes Heroles: En política la forma es fondo; el resultado más elocuente y sustantivo de este novedoso diálogo a tres voces llevado a cabo entre el gobernador del Estado, doce ciudadanos y algunos titulares de la administración pública estatal fue evidenciar los usos y abusos de la información pública.

Tanto la sorpresa con la que se topó Sergio García de Alba con los indicadores, como los cuestionamientos lanzados por Miguel Bazdresch Parada y Mercedes González respecto a la poca claridad sobre la operación de los programas sociales y la falta de información sobre sus resultados, así como la sólida evidencia mostrada por Guillermo Zepeda Lecuona sobre la poca prioridad que las autoridades le otorgan, por la vía de las asignaciones presupuestarias efectivas, a temas considerados críticos y sensibles para la seguridad publica (MILENIO JALISCO, 5 de febrero); revelaron algunas de las múltiples facetas de esa mala práctica tan arraigada en la administración pública sobre los diversos usos y abusos cometidos con la información pública.

Basta con echar un vistazo a las noticias que se ganaron las ocho columnas de MILENIO JALISCO durante la semana pasada, para mostrar la gravedad y extensión de esa mala práctica, que llevó lo mismo a ocultar irregularidades graves en las finanzas de un organismo público descentralizado (3 de febrero), a maquillar las cifras de desaparecidos (4 de febrero), justipreciar la dimensión del rezago que se padece al interior del más relegado de los tres poderes públicos del estado (7 de febrero), hasta discrepar por los casos de suicidio en la entidad (8 de febrero). Por las simples dimensiones del cáncer por extirpar, siempre será bienvenido el más pequeño esfuerzo que redunde en la confiabilidad informativa.

roberto.arias@coljal.edu.mx 

Académico de El Colegio de Jalisco