Pasar del castigo al reconocimiento

La noticia sobre las denuncias penales en curso, promovidas por el Ejecutivo del estado en contra de quienes resulten responsables en por lo menos cuatro polémicos casos, entre los que se encuentran el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe), así como el Programa de Seguro Popular (MILENIO JALISCO, 22 de enero), no debería sorprender a nadie. Nada extraordinario existe en el hecho de que las instituciones estatales cumplan con su responsabilidad de contribuir a disminuir la probabilidad de incumplimiento de la legislación vigente en la entidad.

Valdría la pena recordarles a algunos políticos profesionales que el castigo por incumplimiento es precisamente la segunda variable con la que se suele relacionar el grado de cumplimiento de toda legislación (Gary Becker). Si es responsabilidad de la autoridad vigilar que las leyes se cumplan, una vez concluido el primer paso emprendido por el contralor del Estado desde el inicio de la Administración, que consistió en la realización de auditorías al ejercicio gubernamental con la finalidad de incrementar la probabilidad de descubrir algún tipo de incumplimiento que pudiese configurar un delito, precisamente era de esperarse que se continuara con la presentación formal de denuncias penales para eventualmente, castigar las presuntas irregularidades cometidas por los exfuncionarios involucrados.

Por ello, me parecen francamente fuera de lugar las declaraciones de algunos políticos oportunistas (MILENIO JALISCO, 23 y 24 de enero), que con el ánimo de hacerse notar o denunciar otro tipo de propósitos ajenos a los procesos de investigación en curso, suelen caer en el lugar común de la polémica para hacerse notar en los medios de comunicación.

En todo caso, lo verdaderamente extraordinario e innovador sería que las actuales autoridades estatales, además de castigar los incumplimientos en el ejercicio de las responsabilidades públicas de quienes ya dejaron el cargo o de quienes hoy están en funciones, se comprometieran en avanzar sobre una ambiciosa agenda de reformas administrativas que no se limiten a castigar efectivamente los actos de corrupción que sean cometidos en el futuro sino contribuyan a fortalecer la ética y la certeza laboral de los futuros servidores públicos, a través de robustos sistemas administrativos que comiencen a reconocer, evaluar e incentivar su ingreso, permanencia y desarrollo en el servicio público, bajo criterios más transparentes, políticamente neutros, basados en el mérito profesional y orientados a resultados tangibles para los ciudadanos.

roberto.arias@coljal.edu.mx

Académico de El Colegio de Jalisco