Jalisco: Estado del Bienestar

Nuevamente el altísimo costo de la pérdida irreparable del valor de la vida humana vuelve a salpicarnos en la cara para hacernos conscientes de históricos rezagos y distorsiones que nos impiden alcanzar como sociedad los tan anhelados niveles de bienestar que suelen prevalecer en otras latitudes. La muerte accidental de doña Carmen Ramos Vargas ocurrida la semana pasada en un asilo para personas de la tercera edad que venía operando de manera irregular y presuntamente sin disponer de las más elementales condiciones de calidad y calidez en el servicio que se ofrece (MILENIO JALISCO, 1 de abril).

Tal acontecimiento ciertamente contribuyó a hacer evidente una realidad social que lamentablemente fue confirmada por las propias autoridades responsables de salud en la entidad: de conformidad con los procesos de verificación formalmente establecidos (NOM-031-SSA3-2012 Asistencia Social), durante el año pasado 15 de los 182 asilos para personas de la tercera edad que operan en Jalisco fueron multados económicamente y otro más fue amonestado sin sanción económica, sin que ninguno llegara a la clausura de sus instalaciones (MILENIO JALISCO, 4 de abril). Ciertamente las condiciones de regulación sanitaria bajo las cuales operan estos organismos, ya sean públicos o privados, constituye uno de los primeros elementos clave que contribuyen a definir la naturaleza del grave problema social al que nos enfrentamos.

El otro elemento clave que no habría que perder de vista es el de la dualidad entre formalidad e informalidad que caracteriza nuestra realidad económica local y nacional y que suele expresarse a través de la existencia de diversos organismos privados que realizan actividades de asistencia social a grupos vulnerables sin estar sujetos a una regulación y supervisión sanitaria formal, como bien lo ilustra el caso de los veinte centros clandestinos de tratamiento de adicciones detectados en la entidad (MILENIO JALISCO, 4 de abril).

Lo que suele pasar desapercibido cuando se analizan cuestiones relacionadas con el bienestar social son las implicaciones éticas de diversas decisiones de política pública que han venido a reconfigurar una realidad política, económica y social que pareciera estar propiciando que cada vez sea más frecuente que los miembros de una familia opten por este tipo de alternativas, para asegurarle un nivel de bienestar mínimo a los miembros que requieran de algún tipo de atención especial. Tales decisiones públicas deberían ponderarse a la luz del costo para el bienestar social que ha supuesto la merma de una función históricamente reconocida a la familia como lo es asegurar el bienestar de las personas que la integran.

Académico de El Colegio de Jalisco

roberto.arias@coljal.edu.mx