Infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente

La situación provocada por los trabajos de excavación de un edificio que se construye por la avenida Américas a la altura por donde pasa el túnel del nodo Colón, cuya cimentación se vio gravemente afectada hasta el punto de que las autoridades decidieron cerrarlo temporalmente (MILENIO JALISCO, 18 de julio), constituye un buen ejemplo de que algo no está funcionando adecuadamente con relación a los procedimientos públicos que debe observar cualquier promotor privado, al momento de proyectar los impactos de sus obras y tramitar las autorizaciones correspondientes ante las autoridades competentes. Seguramente ahora que deben hacerse cargo de las reparaciones de los daños provocados, más de alguno de los promotores de la referida edificación anda arrepentido por esa imprevisión u omisión cometida.

La gravedad de estas imprevisiones y omisiones cometidas por agentes privados francamente palidecen frente a las condiciones bajo las cuales se vienen promoviendo las grandes obras de infraestructura en entornos aún no intervenidos por el hombre. El patético caso del Macrolibramiento ilustra con bastante nitidez no sólo que las manifestaciones de impacto ambiental se han convertido en un mero trámite administrativo que está muy lejos de cumplir con los fines públicos para los que fueron establecidas, sino que además las obras de infraestructura bien pueden continuar su marcha sin contar con las autorizaciones correspondientes (MILENIO JALISCO, 15 de julio).

Si bien es cierto que, si nos atenemos a las declaraciones de la titular de la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruíz Mejía, es muy probable que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, termine solicitando a la empresa concesionaria las modificaciones necesarias al trazo a fin de atender las recomendaciones técnicas relativas al impacto ambiental de las obras (MILENIO JALISCO, 16 de julio); también lo es que esta probable corrección sobre el trazo, no ocurre como consecuencia de las labores de supervisión que pretendidamente deberían realizar las autoridades ambientales competentes, sino que deriva de la acción colectiva de un grupo de ejidatarios que decidieron realizar de manera directa para impedir la continuación de los trabajos de la concesionaria ante el incumplimiento de unos amparos (MILENIO JALISCO, 14 de julio).

Dos botones de muestra que nos adelantan, el tamaño del desafío que tienen por delante tanto las empresas constructoras como las autoridades competentes de supervisar la ya próxima construcción de la Línea 3 del Tren Ligero.


roberto.arias@coljal.edu.mx