Descentralización y seguridad pública

Si el propósito del anuncio presidencial en el que se dieron a conocer las 10 acciones para fortalecer la seguridad y el estado de derecho fue comunicar un mensaje contundente a favor de la certidumbre en medio de las agitadas aguas de la opinión pública (MILENIO JALISCO, 28 de noviembre); mucho me temo que el efecto logrado fue exactamente el contrario: la percepción social respecto a tales medidas está fuertemente marcada por la incredulidad y por las reacciones y expresiones más diversas, se puede inferir que los ciudadanos perciben que el gobierno federal está simplemente reaccionando e interpretando erróneamente el diagnóstico de la situación por la que atraviesa el país hoy en día.

De entre las diversas reacciones a la iniciativa presidencial, vale la pena subrayar el posicionamiento que viene ya conformándose entre quienes nos dedicamos a estudiar e investigar sobre los ayuntamientos en el marco de la Red de Investigadores sobre Gobiernos Locales Mexicanos y que parte de la premisa de que “la propuesta presentada ataca al eslabón más débil de los tres órdenes de gobierno, el municipio, sin reconocer y aceptar las carencias y limitaciones de los gobiernos estatales así como del gobierno federal” (Antonio Sánchez Bernal, presidente de IGLOM).

No se trata de una defensa a ultranza del municipio ni mucho menos ocultar las evidentes incapacidades y limitaciones por las que atraviesan hoy en día los gobiernos municipales. No es casual que Jalisco se encuentre entre la lista de los primeros estados en los que podría concretarse la tendencia centralizadora de las fuerzas de seguridad pública: los avances en la conformación de la fuerza única regional y metropolitana aunada a la grave condición por la que atraviesan las finanzas públicas municipales (MILENIO JALISCO, 24, 25 y 26 de noviembre), aparecen como dos importantes condicionamientos que refuerzan los argumentos presidenciales.

Si nos tomamos el tiempo de pensar dos veces lo que viene ocurriendo, nos daríamos cuenta de que la raíz tanto del problema brutalmente expresado por el caso del municipio de Iguala como el del excesivo endeudamiento de los municipios jaliscienses, radica en el comportamiento racional de los partidos políticos por asegurarse triunfos electorales en contextos de mayor competencia política. Tal motivación básica es la que podría estar explicando la debilidad institucional de los partidos frente a la infiltración del crimen organizado entre sus candidatos lo mismo que el comportamiento oportunista que ha derivado en el sobreendeudamiento municipal. Ante tal escenario, la idea de unificación de mandos policiacos se aprecia francamente limitada.  

 

roberto.arias@coljal.edu.mx