Calidad y participación ciudadana

Por los hallazgos de mi propio trabajo de investigación, puedo afirmar que son ampliamente conocidas y añejas las dificultades que enfrentan los ciudadanos para sostener una interacción estratégica que incida efectivamente en la toma de decisiones de los gobiernos (Arias, 2013). Por ello es que no me sorprendió en lo absoluto la maniobra política orquestada por algunos diputados locales del PRI, con la que pretenden desvirtuar el proceso de concertación y diálogo que se venía realizando de tiempo atrás con algunas organizaciones sociales para darle vida a un nuevo marco jurídico a la participación ciudadana. Mucho menos me sorprende el desalentador escenario reportado por el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México.

Aprovechando la afortunada coincidencia que supuso la presentación en Jalisco de los resultados de dicho informe y la polémica que se desató en el Congreso por el tema de la participación ciudadana, me gustaría subrayar el énfasis que el informe hace sobre la noción de la calidad de la ciudadanía y el evidente contraste con la cortedad de miras que han mostrado nuestros legisladores locales que se empeñan en centrarse en la discusión en torno al número de ciudadanos mínimo requerido para que los mecanismos de participación ciudadana sean válidos jurídicamente.

Afortunadamente el referido Informe País no únicamente contribuye a la discusión desde el punto de vista teórico, definiendo con precisión la participación ciudadana como “aquella que involucra formas directas mediante las que los ciudadanos ejercen influencia y control sobre el gobierno” (Gaventa y Valderrama, 1999:5); que nos permite a su vez remitirla a una dimensión cualitativa que va más allá de la política partidista electoral y, en consecuencia, susceptible de justipreciar a la luz de los recursos que los ciudadanos tienen disponibles para llevarla a cabo y la manera en que se utilizan para ejercer un control social sobre sus gobernantes.

El informe no tiene desperdicio e incluye además, sendas recomendaciones sobre lo que, en la práctica, le corresponde hacer a cada actor involucrado. Cito textual: “al Congreso le toca legislar para que la participación y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos sean más sencillos y menos costosos, así como para promover su acceso igualitario a bienes y servicios públicos. […] Esto será posible siempre y cuando se abran canales de comunicación, control y participación ciudadana en el proceso de la toma de decisiones de los asuntos públicos. A los ciudadanos nos toca aprovechar esa legislación y esos canales para pasar de la pasividad a la actividad y al ejercicio pleno de nuestros derechos”.

 

roberto.arias@coljal.edu.mx