Artículo mortis

El de nunca acabar

Corría el inicio del 2012. Rodrigo Medina era gobernador y El Bronco pasaba su último año como alcalde priista de un pequeño pero aguerrido municipio a 45 minutos de Monterrey. El domingo 19 de febrero, cerca de las 2 de la mañana, más de 30 reos del cártel de Los Zetas se fugaron, con la abierta complicidad de al menos una decena de custodios —y, sin duda, de sus jefes—, del ambulatorio C del penal de Apodaca, Nuevo León. Pero antes de salir fueron conducidos a la sección D —área del penal controlada por el cártel de Golfo—, donde asesinaron a batazos y martillazos a 44 de sus rivales. Pasaron horas antes de que nadie diera la alarma. Dos de los cadáveres no pudieron ser identificados como habitantes del penal.

Uno de los fugados, Óscar Bernal Soriano, alias La Araña, cumplía condena por el asesinato en noviembre de 2009 de Juan Arturo Esparza, general retirado y recién estrenado jefe de la policía de Villa de García, Nuevo León, municipio cuyo entonces alcalde es hoy el gobernador: era sábado por la noche y Rodríguez Calderón llamó a Esparza, solicitándole ayuda por amenazas recibidas antes de ese día y por haber escuchado disparos. Al llegar el general, un comando lo acribilló a él y a sus cuatro escoltas. Los sicarios se fueron sin que nadie más resultara lastimado.

Regresando al motín de Apodaca, Bernal y otro de los cabecillas zetas, Marco de León —involucrado en la masacre del casino Royale—, fueron avisados por custodios cómplices que un juez había firmado su traslado a un penal de máxima seguridad; posiblemente, el de Puente Grande. Directivos a sueldo del cártel retrasaron el traslado lo suficiente como para que los sicarios prepararan la asonada.

Cuatro años después, este pasado jueves, en el penal regiomontano de Topo Chico y con la complicidad de los custodios, una riña entre jefes zetas deja 49 muertos —rotas las piernas y molidos a palos—, y cuatro cuerpos que no pudieron ser identificados como internos. En el recuento de los daños se encontraron cientos de altares a la Santa Muerte, drogas, cuchillos y navajas, un bar, tiendas de conveniencia, cobro de derecho de piso para los internos pobres y celdas de cinco estrellas —con aire acondicionado, pantallas planas, minibar, camas king y baños de lujo— para los VIP. Nada de esto fue señalado por las autoridades salientes ni detectado por las entrantes, cuando tomaron el control en Topo Chico inmediatamente después de que Rodríguez Calderón omitiera renovar el convenio que Nuevo León tenía con las fuerzas armadas, entregándole el mando de las cárceles a su Fuerza Civil estatal.

Y así, hasta la siguiente masacre.

Twitter: @robertayque