El ruido y las nueces

Salinas le apostó a las carretadas de dinero que prometía el Tratado de Libre Comercio para buscar la permanencia en el poder, en el mejor de los casos, a través de una enmienda constitucional que le permitiera reelegirse, si no en los comicios inmediatos, sí en los subsecuentes —como hace Putin— y, en el peor de los casos, a través de un sucesor dócil y un pueblo eternamente agradecido con el tlatoani que por fin hubiera logrado para México una prosperidad verdadera: una digna del llamado primer mundo.

Sabemos cómo acabó aquellito. Por eso, veo con cierto sospechosismo el bombo y platillo que casi 20 años después acompaña los anuncios del presidente Enrique Peña Nieto alrededor de unas reformas que parecen estarse agriando mucho antes de cuajar. El último parabién nos informa que su inversión en educación será histórica: 15 por ciento más en esta administración que en las anteriores. Esto sería celebrable si no destináramos 93 por ciento del presupuesto, por grande o chico que éste sea, para pagar sueldos y prestaciones a maestros o a personal periférico, con apenas un retazo para infraestructura —olvídense de computadoras y equipo deportivo: hablo de ventanas, pizarrones, puertas o baños que, en muchos sitios, no hay o se están cayendo— o para mejoras sistémicas que sí repercuten directamente en la calidad educativa, como capacitación —aunque motivos no faltan para justificar la omisión: ya vimos lo que pasó cuando se quiso añadir inglés y computación al currículo de los normalistas— y diseño curricular.

Vaya, el problema de la educación en México nunca ha sido el poco o mucho gasto: tenemos varias presidencias destinando un saludable 6 o 7 por ciento del PIB al rubro, porción similar a países con sistemas educativos tan sanos como, por ejemplo, Alemania, pero con resultados enteramente distintos. ¿Por qué? Porque si sacamos de esa tajada el gasto directo por plantel o estudiante se hace evidente el porqué coleamos en las tablas mundiales: con apenas uno o dos puntos porcentuales del presupuesto invertidos directamente en el alumno, quedamos muy lejos del casi 20 por ciento que aplican directamente al estudiante nuestros pares más ilustrados.

Y los bemoles no acaban allí: la mayor parte de ese dinero lo distribuyen los gobernadores, pero nadie puede saber cómo ni a dónde entre la maraña de inspectores, líderes gremiales y comisionados que forman nuestra nutrida burocracia sindical, misma que controla desde la asignación de plazas hasta el material a impartirse en los salones, ocupándose de todo menos de proporcionar un padrón de maestros confiable; los recientes intentos por levantar alguno han sido boicoteados a molotovazo limpio por los docentes. Si a eso le añadimos que las bondades prometidas por la reforma educativa que efectivamente conciernen a la educación y no a asuntos estrictamente laborales, son pocas tirando a nulas, llegarán lentas o son cada día de más incierta aplicación en las regiones mexicanas donde más haría falta una educación de calidad, vemos que entre la realidad y los anuncios que echan las campanas al vuelo hay un enorme trecho.

Pero lo anterior no deja de ser anecdótico: ¿de dónde saldrá ese generoso aumento al presupuesto, educativo y del gasto público en general? A corto plazo del endeudamiento alegre, mismo que a mediano plazo Hacienda ve pagado con creces gracias a las carretadas de dinero prometidas por la reforma energética.

Gulp.

@robertayque