El gran anuncio

¿De verdad queremos el estado de derecho? Lo dudo. Porque hay que ver quién es el valiente dispuesto a pagar los costos políticos de quitarle a funcionarios esas prerrogativas de la corrupción.

Osorio Chong nos dejó saber que, este jueves, el Presidente hará un gran anuncio relativo a la reestructuración del estado de derecho, o algo así. Tal parece que eso de prepararnos para administrar la abundancia quedó atrás, y enhorabuena; salir sonriente en la portada del Time mientras el país se caía a pedazos fue como una mala broma.

No es asunto de descontar el haber gestionado unas reformas que, aunque muy mejorables, eran urgentes, comenzando por la apertura, tardía para todos menos para los más recalcitrantes cangrejos, del sector energético. Pero tampoco de darle coba a los infiltrados que luego se trasmutan en presos políticos; ni a los iluminados que se dicen demócratas mientras exigen quitar al cacique malo para poner uno bueno; ni a quienes ignoran la culpabilidad de los primeros responsables para endosársela a los adversarios políticos, muy lejos éstos de Iguala para bien o para mal; ni a los gritos medio histéricos de los informados y no manipulados que no tocan la crítica ni con el pétalo de una duda. Con todas las salvedades anteriores, si de verdad queremos mover a México, cuando menos hacia la modernidad, es muy necesario que —comenzando por pero no únicamente— nuestras autoridades eviten los triunfalismos artificiosos en aras de la contemplación sin adjetivos de nuestras cualidades, pero también de nuestras taras duras y maduras, hablándonos a los ciudadanos como los adultos que no siempre somos.

Con o sin lo anterior, será muy difícil creer en la intención de implementar sin excusas ni excepciones las políticas públicas conducentes a establecer un genuino estado de derecho, unas que aniquilen los mecanismos que consuetudinariamente lo minan, porque estos mismos mecanismos son los que ganan elecciones y aseguran puestos de poder: desde los contratos millonarios hasta la asignación de plazas que nunca van a los más calificados, sino a los amigos o asociados que a cambio mueven las fichas necesarias para ayudar al padrino y obstaculizar a los adversarios de éste; al corporativismo carroñero que moviliza votos cautivos a cambio de becas, subsidios y demás prebendas; a la impunidad para todos los involucrados en las cadenas anteriores donde la ley solo se le aplica a los enemigos. Nadie como Fox, con su bono democrático, tuvo tan grande oportunidad de cambiar estos onerosos usos y costumbres pero, para desgracia de todos, la dejó pasar.

Nada de esto es como para perderse en abstracciones: en reciente nota del Reforma, el encabezado dice que en Quintana Roo el ex policía Héctor Casique denunció que lo encarcelaron y torturaron para que confesara ser jefe zeta. Pero apenas un solitario párrafo interior consigna que el enredo se originó porque el detenido pagó un anticipo de 75 mil pesos al director de la policía judicial del estado, Arturo Olivares, a cambio de una plaza de primer comandante. Cuando Olivares se tardó en entregar el puesto, Casique amenazó con delatarlo con el procurador y apunta que por ello fue arrestado y torturado.

¿De verdad queremos el estado de derecho? Lo dudo. Porque hay que ver quién es el valiente dispuesto a pagar los costos políticos de quitarle sin excepciones, a funcionarios de todos los niveles, esas prerrogativas de la corrupción tan encarnadas como la venta de plazas y el cobro de moches, sin que los damnificados exijan de inmediato la renuncia fulminante del atrevido y se sumen a las marchas alegando agravios variopintos. Y, lo más interesante: ¿quién ganará en ese caso el aplauso de los ciudadanos?

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