Los buenos, los malos y Tlatlaya

Justificar los hechos alegando que los muertos son los malos es una estupidez: delincuente es quien viola la ley, y nada más amenazador que ver a unos supuestos buenos reventar la legalidad para defendernos.

No es la primera vez que a las redacciones del país llegan reportes de un camión de militares que, en patrullaje o investigación de rutina, en zonas calientes y generalmente remotas como las sierras de Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas o Zacatecas, es interceptado, emboscado o sorprendido por fuego enemigo, ante lo cual los soldados se ven obligados a responder los disparos para terminar quizá con uno o dos compañeros heridos pero, eso sí, con todos los malandros muertos.

O así dicen las versiones oficiales, todas parecidísimas a la que emitió la Sedena un día después de la noche del 30 de junio pasado, en San Pedro Limón, Tlatlaya, que dejó a 22 miembros de un grupo criminal muertos y a un militar herido. El secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur, ha sostenido a capa y espada que eso fue un enfrentamiento entre los delincuentes y el Ejército, a pesar de los reclamos de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional, y del arresto de siete soldados por infracción de deberes y el de un oficial por lo mismo y por “comisión de delitos contra la disciplina militar y desobediencia”. Mientras todos averiguan, la información que arrojaron las autopsias se la reservó el Edomex por los siguientes nueve años.

Pero en Tlatlaya quedaron vivas, además de las dudas de siempre, tres mujeres: la consabida versión oficial afirma que estaban allí porque habían sido plagiadas por los delincuentes, pero una de ellas se describe en entrevista posterior con Esquire y AP como la madre de una de las chicas asesinadas que había ido allí por su hija de 15 años para rogarle que dejara las malas compañías y volviera a casa. La muchacha se llamaba Érika Gómez y, por razones que no sé si tengan qué ver con este asunto, o con otros quizá más interesantes, tenía un hermano llamado Saddam.

Yo vivía en Monterrey cuando los ejecutados, los robos con violencia y los secuestros comenzaron a multiplicarse como honguitos en primavera. Muchos respiramos con alivio cuando, contra la resistencia del entonces gobernador, Natividad González Parás, se anunció que el Ejército estaba por llegar, y nadie le creyó a los encapuchados que, luego supimos que a cambio de 500 pesos, bloquearon calles y ostentaron cartulinas pidiendo evitar la llegada de los militares, denostándolos como represores y asesinos, y menos cuando muy poco después bastaba que alguien presumiera ser novia o amiga de algún soldado para amanecer descuartizada y con recado al calce. Hasta que dos estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey cayeron muertos al interior del campus en un fuego cruzado y, supongo para evitar problemas, fueron prontamente catalogados de criminales. El hecho se repitió con Jorge Otilio Cantú, un año más tarde, con el agravante de que a éste le sembraron un arma.

Pero los anteriores hechos quedan en nada ante la ejecución extrajudicial de 22, criminales o no, que ya se habían rendido. Justificar los hechos alegando que los muertos son los malos es una soberana estupidez: delincuente es quien viola la ley, y nada es más amenazador que ver a unos supuestos buenos reventar la legalidad para defendernos de quienes la violan. Queda a la Sedena mandar el mensaje de si esas conductas son excepcionales o definitorias de la institución que, para muchos mexicanos, es hoy el último recurso contra el horrible yugo del narco que, justamente, mejor florece en los resquicios de esa ilegalidad, bajo cualquiera de sus formas.

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