Opinión

Medios alternos de solución de controversias

El principal objetivo de la justicia es mantener la paz y armonía social; por ende, se hace extensivo al sistema de justicia penal y a las instituciones de procuración e impartición de justicia. Para ello, a partir de la modificación en nuestro orden constitucional, dentro de este nuevo esquema de enjuiciamiento, se han introducido figuras jurídicas que permiten y facilitan la concreción de ese objetivo fundamental; tan es así que por primera vez en el mismo texto de la Carta Magna, se estatuyen los "Medios Alternativos de Solución de Controversias". Estos procedimientos motivan la participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos cuando se ven afectados, permitiendo la adopción de una solución del conflicto, primando el principio de autonomía de la voluntad de las partes y de su propio interés.

Los "Medios Alternativos de Solución de Controversias" se encuentran presentes en nuestro país a partir de 1999, con la promulgación de la Ley de Justicia Alternativa de Quintana Roo, misma que fue desarrollada en un contexto histórico en el que México pretendía transformar su sistema judicial y ser más competitivo ante los retos impuestos por la globalización. Esta obligación surgió en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio en América del Norte (Tlcan), al prever la mediación, conciliación y arbitraje como esquemas de solución de conflictos.

De esta manera, se convierte en un esquema cuyos principales objetivos son: maximizar el interés social que el derecho procura; estar enmarcado en las leyes nacionales e internacionales, así como en un esquema de tutela efectiva; fijar límites conforme al Estado de Derecho; erigir la mediación, conciliación y justicia restaurativa como tamiz de regulación de interacción entre el Estado y la sociedad en materia de solución de conflictos; y tener como límite el orden público.

A nivel federal, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal fue publicada como nueva ley en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 2014; reformando además diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como adicionando diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, para el aun aplicable sistema tradicional. Esta ley tiene por objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las Soluciones Alternas. Asimismo, cuentan con la finalidad de propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias surgidas entre miembros de la sociedad con motivo de denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.