Opinión

Los derechos humanos y el debido proceso

Un punto ineludible del arranque es la necesaria precisión de los dos conceptos a interrelacionar: Derechos Humanos y debido proceso legal, dada la etiqueta adjudicada al tema de gran importancia y actualidad.

La doctrina ha realizado considerables esfuerzos para ubicar el concepto de los Derechos Humanos. Conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente.

La calificación de humanos atribuida a esos derechos no deja de ser convencional y arbitraria, ya que, en principio, todos los derechos son humanos. ¿De qué se trata entonces? La historia es antigua y parece ser que los calificativos más apropiados para la idea que se pretende ubicar, son los de derechos o garantías básicas o fundamentales del hombre.

Una relación muy amplia de los derechos fundamentales está contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, la doctrina mexicana ha precisado el concepto del debido proceso legal, diciendo que se entiende como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal, que son necesarios para afectar legalmente los derechos de los gobernados.

Por su parte, un exponente destacado del pensamiento procesal iberoamericano con profundo conocimiento de la esencia del debido proceso y su íntima relación con la tutela judicial efectiva, al exponernos. El Due Process of Law no es otra cosa que la institución de origen anglosajona referida al debido proceso legal, como garantía con sustrato constitucional del proceso judicial, definida por un concepto que surge del orden jurisdiccional y de la justicia que respaldan la legitimidad de la certeza del derecho finalmente determinado en su resultado. Por ello, el debido proceso legal -que garantiza la correcta aplicación y vigencia del proceso judicial- es a su vez una garantía de una tutela judicial efectiva y ello, es elemento indispensable para la consecución de la finalidad del propio proceso judicial. Son, pues, conceptos imbricados, como sinónimos.

Existe un movimiento mundial por la humanización de la justicia bajo la exigencia de que las técnicas procesales tienen funciones sociales que cumplir y, por otra parte, los tribunales no son el único medio que debe tomarse en consideración para la resolución de disputas; es decir, debe acudirse con creación imaginativa a los métodos alternos de solución de conflictos, las llamadas modernamente ADR (Alternative Dispute Resolutions), que tanta atención han merecido de la doctrina en las últimas décadas.

El punto de equilibrio para estar abiertos a la aceptación de las cosas nuevas buenas y al mismo tiempo conservar y mantener las cosas viejas, también buenas, es el problema fundamental de los cambios positivos en toda sociedad. Las radicalizaciones son sumamente peligrosas, sobre todo cuando se llega a sostener que todo lo nuevo es bueno y todo lo viejo es malo. Además, las meras reformas judiciales y procesales, deben reconocerse, no son sustitutos suficientes de la reforma política y social.