Opinión

Los derechos humanos a la luz del derecho

Los derechos humanos se han conceptualizado como aquellos que posee toda persona, por el simple hecho de su condición humana, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición.

Para el derecho natural no dependen del ordenamiento jurídico, en tanto que el positivismo jurídico son derechos los que se advierten en los ordenamientos legales; los países que suscriben los Pactos Internacionales de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus Protocolos, están obligados a su cumplimiento.

Estos derechos se definen como inherentes al ser humano; son irrevocables, inalienables, intransmisibles, indivisibles, interdependientes, progresivos e irrenunciables; por tanto, son universales, es decir, para todos.

Están divididos en positivos y negativos. Los primeros imponen a otros como el Estado, la realización de determinadas actividades. Los segundos se definen en términos de obligaciones ajenas de no injerencia. Como ejemplo, puedo mencionar el derecho a la intimidad o a no sufrir tortura.

Otra clasificación muy extendida es la que ordena los derechos humanos en, al menos, tres generaciones, atendiendo al momento histórico en que se produjo o produce su reivindicación. Se consideran de primera generación los derechos civiles y políticos vinculados con el principio de libertad. Por lo regular son derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada. Los de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, vinculados con el principio de igualdad y exigen para su realización afectiva de la intervención de los poderes públicos, a través de servicios públicos. Los denominados de tercera generación precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario, tales como el derecho a la paz, a la calidad de vida o a las garantías frente a la manipulación genética.

El respeto a los derechos humanos se encuentra regulado por ordenamientos legales nacionales, mismos que establecen esta obligación. Entre ellos se encuentran: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código de Procedimientos Penales, la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Reinserción Social, Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley Nacional de Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias en Materia Penal.

El artículo 1 de nuestra Constitución señala que pueden ser restringidos en un procedimiento penal, sólo en casos y bajo las condiciones establecidas por el ordenamiento legal, por los tratados internacionales y las leyes aplicables al caso concreto. Tales condiciones implican respecto, protección y garantía de los derechos humanos al imputado y a la víctima.