Opinión

El Nuevo Sistema de Justicia Penal, una buena noticia para los poblanos (1)

Es necesario estimado lector que guarde esta noticia, porque puede convertirse en una guía para entender lo que llamamos juicios orales, así como porque a sus hijos o nietos les pueden pedir una tarea sobre el tema.

Antes que nada quiero agradecer a Nadua Hernández Moranchel y Erika Tobón Velázquez su ayuda y colaboración para este resumen del libro de mi autoría "El Sistema de Justicia Penal y los Derechos Humanos" (1200 páginas aproximadamente).

El 18 de junio del presente año concluyó el plazo establecido en la reforma constitucional para establecer en todo el país el nuevo modelo de justicia penal.

Durante mucho tiempo en nuestro país, existió un sistema de justicia penal, en el que el Ministerio Público (quien representaba a la Sociedad y con ello a la víctima) iniciaba la investigación de algún delito casi de manera secreta; ignorando tanto la víctima, el acusado y la sociedad la forma en que se aplicaba la justicia. En general, todo el procedimiento era muy lento y giraba en torno a castigar a una persona y la víctima no obtenía la reparación del daño sufrido, pero sobre todo no obtenía lo que todos queremos: satisfacer nuestras necesidades de justicia.

Para combatir esto, el 18 de junio de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) varios cambios a la Constitución Federal, que colocaron las bases para un nuevo sistema de seguridad y justicia penal, pudiendo considerar este día como histórico para el pueblo de México. De igual forma, mediante publicación en el D.O.F. el 10 de junio de 2011, nuevamente se reformó dicha ley, lo que implicó un cambio en el sistema en materia de derechos humanos, lo cual estableció la obligación de las autoridades de salvaguardar no sólo los derechos humanos establecidos a nivel nacional, sino los contenidos en Tratados Internacionales de los que México es parte; lo cual complementó y enriqueció la reforma Constitucional del 2008 y que ya he referido.

Los principios rectores del sistema acusatorio y oral en materia penal –llamado así porque la investigación, acusación e impartición de justicia le corresponden a distintas personas y por el hecho de que los actos que quieran hacer valer las partes se expondrán de manera hablada, haciendo constar de manera escrita algunos de ellos-; procuran evitar la impunidad y garantizar al inculpado y la víctima el respeto de sus derechos humanos, permitiendo equilibrar el poder que tiene el Estado para castigar los delitos.

Son consideradas partes, dentro del procedimiento penal: la Víctima: Persona que sufre un ataque directo por parte de un individuo y que le ocasiona una lesión o daño y pone en peligro sus bienes o derechos; el Ofendido: Persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la comisión de un delito; el Asesor jurídico: Representante de la víctima u ofendido; Imputado: Persona señalada como probable responsable de haber cometido un delito; el Defensor: Representante del imputado; el Ministerio Público: que es el encargado de la persecución de los delitos mediante la dirección de la investigación apoyado por la policía y peritos (especialistas en un arte, disciplina o técnica); de ordenar todos los actos necesarios para el éxito de la investigación; de resolver sobre la acusación del probable responsable, la aplicación de los criterios de oportunidad ( puede resolver no llevar a cabo una acusación, cuando el daño sea mínimo y se gaste más en la investigación; esto para darle la debida importancia a aquellos casos que lo requieran; De ordenar el archivo o la suspensión temporal de la investigación (decisiones que pueden ser combatidas por la víctima u ofendido y su asesor jurídico ante el Juez de Control, quien decidirá lo que corresponda en una audiencia); Policía: Encargada de la investigación de los delitos en auxilio del Ministerio Público; así como cuidar el lugar en donde ocurrió el delito, resguardar todos los objetos que encuentre y sean importantes impidiendo la pérdida, alteración, destrucción o contaminación de los mismos (Cadena de Custodia); identificar a los testigos; recibir denuncias; proporcionar atención y ayuda a víctimas u ofendidos o testigos del delito; detener e inspeccionar personas (arribo al lugar ,explicándole sus derechos, tanto a la víctima como al ofendido) y documentar el lugar de intervención, detectar riesgos y acordonar el lugar (evaluación inicial del sitio); y el Órgano jurisdiccional: quién es la autoridad encargada de resolver los conflictos que se hagan de su conocimiento con estricto apego a la ley y respeto de los derechos humanos.

El sistema de justicia penal busca encontrar la verdad, proteger al inocente, procurar que el culpable sea castigado y que los daños causados a la víctima sean reparados, respetando la dignidad y libertad de los individuos.

Lo anterior se logra con la aplicación de los principios que guían este sistema, los cuales establecen que a las audiencias -reuniones que se lleven a cabo durante el procedimiento-pueden ser presenciadas por cualquier persona; incluso periodistas y medios de comunicación; quienes no pueden grabar o transmitir la audiencia (lo anterior atiende al derecho que le asiste al acusado a no ser expuesto a los medios de comunicación según lo dispone el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales (único en toda la República Mexicana) garantizando la confianza y transparencia de los actos de las partes (principio de publicidad).