Sentido común

El “indebido” proceso

El caso del empresario Manuel Samuel Castro es uno de esos que llaman la atención debido a las circunstancias por las que ha pasado el proceso judicial desde que este fue detenido por presunto homicidio hace ya dos años.

El 17 de abril de 2010 el empresario oficializa de manera legal la compra del inmueble situado en Ciudad Sahagún ahora de nombre Pacific International Development Inc. USA Imports y en donde participó el apoderado legal de los ex trabajadores sindicalizados, Artemio Vázquez Peña y quien es parte importante del seguimiento del supuesto homicidio de uno de los trabajadores de dicha empresa.

Samuel Castro relata que el 28 de enero, pasado el mediodía, un grupo de “supuestos” trabajadores organizaron una manifestación, pues con la nueva administración se renovaría una buena parte de los recursos humanos, lo que afectaría considerablemente a los intereses del líder sindical, por lo que citó a los ex trabajadores para que se manifestaran a las afueras de las instalaciones de la compañía.

Sin embargo, ese día las cosas se salieron de control, ya que los ex trabajadores en su euforia intentaron irrumpir de manera ilegal en las instalaciones, por lo que la seguridad interna, defendió el territorio del empresario a punta de disparos con arma de fuego, lo que terminó con la vida de uno de los manifestantes.

Desde entonces, Samuel Castro ha permanecido en el Cereso de Pachuca a la espera de que concluya su proceso, pues ningún juez le ha podido dictar sentencia porque no hay pruebas fehacientes que lo inculpen directamente con el homicidio, y en cambio, el empresario, a través de su defensa, ha presentado pruebas que lo alejan cada vez más de una directa culpabilidad.

La Procuraduría estatal tendría que revisar de nueva cuenta el proceso desde el principio, pues no es posible que pese a que haya pruebas científicas fehacientes de que el indiciado nunca disparó un arma, lo tengan procesado con el delito de homicidio doloso, y desde que hay irregularidades en los peritajes, cambiando los horarios de la muerte del ex trabajador.

Ahora que aparece un nuevo video en donde se puede observar cómo una persona trata de mover el cuerpo, quitarle la camisa y ponerlo boca abajo, y que el propio empresario ha reconocido como Hugo Arista, seguidor del líder sindical Artemio Vázquez, es momento para que la PGJEH retome el caso, pero en serio.

La clave para que se dé un debido proceso en este y en todos los casos es la Comisión de Derechos Humanos, quien a pesar de emitir una recomendación por muchas irregularidades, no hay un seguimiento, sino un olvido. Mientras exista indiferencia y ocultamiento de pruebas en cualquier caso, los derechos humanos y la justicia en el estado seguirán siendo de chocolate para la población, y eso, déjeme le digo, es sentido común.

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