Sentido común

¿Quién se aventará el paquete?

Desde mediados de 2009, poco más de un centenar de policías que laboraban para la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca, de Mineral de La Reforma y para la policía estatal en varias de sus corporaciones, fueron detenidos por la Policía Federal, quienes unas semanas antes habían comenzado una serie de operativos en la capital hidalguense que culminaron con la detención de los agentes pachuqueños y de municipios de la zona metropolitana, entre los que se encontraban altos mandos, como el entonces jefe de Seguridad de Pachuca y ahora subsecretario del transporte en el estado, Roberto Terán y el también secretario de Seguridad Pública de la Reforma, Julio César Sánchez.

La detención se debió a los informes que tenía la PGR y la Policía Federal sobre los vínculos de la corporación capitalina con células del crimen organizado del grupo delictivo Los Zetas, quienes pagaban una nómina a una buena parte de los agentes policiacos por ser informantes y participar en varios ilícitos como secuestros y brindar protección; sin embargo, y después de estar encarcelados en prisiones de máxima seguridad en Tabasco y Veracruz por parte de un juez de Nayarit durante casi cinco años, las autoridades judiciales determinaron que de ese centenar de ex policías, 38 no tenían responsabilidad en los delitos por lo que fueron encarcelados.

Ahora, casi cinco años después de que estos policías, y en especial de los que laboraban en la corporación capitalina salieran libres de todo cargo por los que fueron inculpados, piden que sean reinstalados en sus antiguos puestos de trabajo, además que exigen el pago de salarios caídos durante más de cuatro años.

Como bien dice el ombudsman hidalguense, José Alfredo Sepúlveda Fayad, la situación jurídica de los ex policías es “compleja”, pues por una parte a los ex agentes los protege la Constitución mexicana; sin embargo, también los impide, al establecer que un policía que haya sido cesado de alguna corporación no puede volver a ingresar a ella, además que uno de los preceptos de los nuevos filtros que aplica la federación en todo el país implanta que ninguna persona puede pertenecer a los cuerpos de seguridad cuando ha sido objeto de un proceso penal.

Entonces, ¿cuál es la situación jurídica que guardan los ex policías?, ¿quién tiene que actuar: el municipio, el estado, la federación, los tribunales, o todos? Quién se aventará el paquete de dar aplicar las leyes que sean más justas para estos ex agentes. Por principio de cuentas, la Constitución dice que pueden pedir indemnización por el daño causado.

Al tener una situación jurídica “compleja” ¿qué sigue? La Secretaría del Trabajo y la Comisión de Derechos Humanos podrían ayudar a resolver la situación, pues son estas dos instancias las que finalmente protegen a ex trabajadores para llegar a una conciliación con sus ex patrones, y eso, déjeme le digo, es sentido común.

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