Sentido común

Revés por partida doble

El pasado 25 de julio de 2013 el Congreso del estado aprobó reformas al Código Penal, entre las que se incluyó reducir el tiempo de arraigo de 40 a 10 días, decisión que fue bastante criticada por el entonces ombudsman Raúl Arroyo, debido a que en principio de cuentas “viola los derechos humanos”, por lo que a través de la CNDH, puso una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

En ese entonces, el Congreso de la Unión hacía el llamado a los legisladores de todos los estados para que eliminaran de sus códigos penales la figura del arraigo, puesto que la reforma federal en materia penal así lo contemplaba; sin embargo, en Hidalgo hicieron caso omiso a la máxima tribuna legislativa del país y al ombudsman hidalguense, y en cambio, hicieron caso al procurador Alejandro Straffon, quien en sus propias palabras aseguraba que era “necesario” aplicar esta figura, por lo que los diputados locales, como lo dije en Sentido Común del pasado 28 de julio de 2013, “escupieron hacia arriba”.

Apenas siete meses les duró el gusto de continuar con una figura retrógrada, que no se adapta a los tiempos actuales en donde la tecnología en materia penal está muy avanzada, pero sobre todo, una medida que lo único que denotaba era la incapacidad de los investigadores de la Procuraduría estatal para resolver delitos en tiempo y forma.

Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés al Congreso local al declarar inválido el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales del estado de Hidalgo, solo le queda al Congreso de Hidalgo enmendar el error de declarar como legal una figura que atenta el principio básico constitucional de libre tránsito.

Toda decisión trae consecuencias, y la invalidez del arraigo en el estado no es la excepción, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo tendrá la enorme tarea de poder resolver delitos sin usar esta figura “precautoria”, dada la gravedad del delito a perseguir. Entonces, cuando se suscite una situación en la que la Procuraduría debía usar el arraigo, ¿qué estrategia utilizarán ahora, de todas maneras se las arreglarán para encerrar al indiciado con artimañas legaloides?

Asimismo, la Procuraduría tendrá la responsabilidad de tener personal más capacitado, que lleve a cabo investigaciones más precisas y que estén en concordancia con los jueces para que estos a su vez inicien los procedimientos penales que sean necesarios, todo, bajo el precepto del debido proceso.

Ya sin la figura del arraigo, se tiene que fortalecer a los Ministerios Públicos y replantearse las estrategias de investigación de los delitos para hacer procesos más ágiles y certeros, que lleven a la ubicación del delincuente, con las pruebas que lo incriminan, pues solo así podrán vitorear una justicia pronta y expedita, y eso, déjeme le digo, es sentido común.

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