La tremenda Corte

Si una asamblea de 500 legisladores pesa más que 11 ministros y un Ejecutivo unipersonal, entonces la mitad más uno de los ciudadanos debería tener más poder de decisión sobre todos ellos.

¿Qué hacer cuando la última instancia constitucional toma resoluciones que agravian a un sector amplio de la ciudadanía, despojándola de uno de los más elementales derechos humanos como es el ser consultada?

En primera instancia, los agraviados por el rechazo de la SCJN a las consultas en materia de reforma energética, salarios mínimos y reducción de legisladores plurinominales son los partidos políticos promotores (Morena, PRD, PAN y PRI). Pero los ofendidos en última instancia son los más de 16 millones de mexicanos (21.33% del listado nominal de electores) que manifestaron su consentimiento por escrito para ser consultados sobre temas considerados de interés nacional y que la mayoría de los ministros consideró lesivos para los
intereses contables del gobierno, al presumir, en dos de las tres consultas, afectación a los “ingresos y egresos” del gobierno federal. Es decir, la tremenda Corte antepuso el interés del gobierno, sobre el de los ciudadanos.

Este rechazo muestra un tribunal constitucional de perfil “reaccionario” en la acepción gramatical del término. “Que es partidario de mantener los valores políticos, sociales y morales tradicionales y se opone a reformas o cambios que representan progreso en la sociedad… Tendencia tradicionalista en lo político opuesta a las innovaciones… Fuerza, igual y opuesta, con que un cuerpo responde a la acción de otro sobre él” (RAE).

La doctrina constitucionalista contemporánea ha acuñado términos específicos para designar dos reacciones o posturas contrastantes de los tribunales superiores de justicia frente a propuestas de cambio: tribunales de corte “garantista” cuando aceptan y validan innovaciones, orientadas a proteger y ampliar garantías individuales y sociales; y tribunales “formalistas” cuando privilegian la literalidad de la norma (legalidad) sobre la teleología de la ley (legitimidad y justicia).

En el siglo XIX se decidió mantener a salvo al máximo tribunal de justicia de toda controversia de índole política, especialmente en su expresión electoral. Sin embargo, dada su creciente intervención en los últimos años en temas políticos (a petición, por cierto, de los mismos actores de la vida pública), es importante contemplar nuevas disposiciones en la materia. Sobre todo cuando los agraviados ya no son únicamente los actores de la democracia representativa (partidos políticos y órdenes de gobierno), sino directamente los ciudadanos.

La doctrina contemporánea ha diseñado el “referéndum constitucional” como instrumento para que los ciudadanos validen o invaliden directamente, sin mediación de instancias representativas, una decisión fundamental del órgano legislativo, sin tener que acudir tampoco a filtros como la validación de la SCJN.

El “referéndum constitucional” permitiría corregir excesos y abusos como los cometidos por el órgano reformador permanente en materia energética, donde una mayoría calificada del congreso federal y una mayoría simple de los congresos locales (es decir, una élite político-legislativa que devino en oligarquía política y económica) impuso una reforma que más de la mitad de la ciudadanía rechazaría y derogaría en las urnas si se le reconociera ese poder de decisión.

La ley reglamentaria de la consulta popular invalidó, canceló y expropió esta posibilidad, al colocar más candados a dicha figura que en ni el mismísimo escapista Houdini hubiese podido eludir.

El siguiente paso será eliminar dicha ley secundaria y reconvertir la “consulta popular” en “referéndum constitucional”, para que la ciudadanía apruebe o derogue reformas constitucionales fundamentales como la energética, expropiándole a una élite político-legislativa-judicial el monopolio de su validación, interpretación y legitimación.

La democracia del futuro se encamina hacia una mayor participación directa de los ciudadanos en las decisiones públicas fundamentales, no hacia una limitación de su expresión y voluntad.

En la pirámide de Rousseau y en el diseño de Montesquieu sobre las atribuciones constitucionales y contrapesos del poder, es necesario colocar ahora una base más amplia en nuestro país. Si una asamblea de 500 legisladores pesa más que 11 ministros y un Ejecutivo unipersonal, entonces la mitad más uno de los ciudadanos debería tener más poder de decisión y control constitucional que todos ellos juntos, ya que éstos son en todo momento la fuente original y originaria de aquéllos.

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