La salida de emergencia

La designación de candidatos en enero próximo podría ser la oportunidad de dar una salida digna a medio centenar de funcionarios que ya no funcionan.

Para ser coyuntural, la crisis de credibilidad actual lleva ya dos meses. Lejos de menguar, la rabia social que la alimenta crece y se expande como un virus maligno.

En realidad estamos ante una crisis sistémica que si bien no nació en esta administración, sí le tocó precipitarla a través de dos hechos muy claros: una reforma fiscal que terminó por estancar la inversión y el consumo en plena crisis global; y el olvido o minimización de una reforma que es fundamental para que el resto de las reformas estructurales funcione, la reforma del estado de derecho, orientada a enfrentar la corrupción, la impunidad y la violencia imperantes.

En este contexto, el gobierno termina su segundo año de vida con un déficit de aprobación y legitimidad que no se había visto desde el gobierno de Ernesto Zedillo, hace 19 años, en medio de la crisis económica más grave del fin del siglo pasado.

Para superar una situación de este tipo, los gobiernos tienen a la mano dos opciones inmediatas, por demás cotosas en términos de legitimidad: administrar el conflicto, dejando que la inconformidad y las protestas se extingan por sí solas (el clásico “aquí no ha pasado nada, más que el mal tiempo”) o el expediente de la represión, que puede asumir diversas formas o graduaciones, contra los manifestantes y opositores.

Hasta ahora, el gobierno ha recurrido a ambos expedientes, por ello oscila entre la presentación de un decálogo anodino, que
es un refrito de acciones y medidas que no han funcionado en el pasado, y el encarcelamiento-excarcelación de manifestantes y participantes en las marchas de protesta. Es decir, por un lado la zanahoria y por el otro el garrote.

Con este esquema, se podrá sobrellevar la crisis, pero no superarla. Sobre todo, porque se avizora una tormenta perfecta para el próximo año: elección de medio término (cámara de diputados y 17 elecciones locales), en medio de movimientos de protesta, crisis petrolera, desempleo, carestía de la vida e incremento de la inseguridad.

Una salida alternativa es la prevista en los regímenes semiparlamentarios y parlamentarios plenos. El nuestro es semipresidencialista, porque ha ido adoptando figuras de contrapeso del parlamentarismo (nombramiento mancomunado de funcionarios, iniciativas preferentes y recientemente el “gobierno de coalición”).

Esta salida de emergencia consiste en asumir una de dos opciones: cambio de gabinete para poder diseñar de manera conjunta con el Congreso un programa de reconstrucción nacional, con nuevos responsables en las áreas estratégicas, o convocar a elecciones anticipadas, para obtener el refrendo o el cambio del gobierno en turno por parte de los electores.

Si en este momento se convocara a elecciones presidenciales anticipadas para junio de 2015, concurrentes con la renovación de la Cámara de Diputados, es muy probable que el PRI perdiera la Presidencia de la República y la endeble mayoría que hoy mantiene en el Congreso (214 diputados) en alianza con PVEM (27) y Panal (10). Las proyecciones desde ahora para el PRI lo ubican en el mejor escenario con 180 diputados de mayoría relativa y de representación proporcional para el segundo trienio del gobierno.

Es decir, un Congreso muy parecido a aquel de 1997, cuando el PRI perdió (al parecer para siempre) la mayoría absoluta y calificada en San Lázaro, lo que paralizó al gobierno de Ernesto Zedillo y solo lo salvó la historia con la entrega del poder a Vicente Fox tres años después.

El parlamentarismo ya tiene medio cuerpo en nuestra Constitución, con la figura de “gobierno de coalición” o gobierno de gabinete. Está reservada como opción para el presidente que asuma el poder en 2018. Una enmienda a la Carta Magna podría adelantar el uso de este salvavidas político para una administración que hace agua, es decir, en julio del próximo año, una vez resuelta la elección de una Cámara baja que desde ahora se ve balcanizada.

Sobre el cambio de gabinete, tal vez sea muy cruel enviar a su casa, sin el respectivo aguinaldo de fin de año, a quienes han cumplido y agotado el primer tercio del gobierno. Pero la designación de candidatos a diputados federales en enero próximo podría ser, para el gobierno y el PRI, la oportunidad de dar una salida digna a medio centenar de funcionarios que ya no funcionan. A un gabinete que ya lo alcanzó el principio de Peter y la Ley de Murphy. Después de todo, en la Cámara baja le harían menos daño al país que allá en la estratósfera donde actualmente se encuentran, y desde donde el actual gobierno amenaza con desplomarse en caída libre.

http://twitter.com/ricardomonreala

ricardomonreala@yahoo.com.mx