El robo del siglo

Lo dicho: quien compra la Presidencia, termina vendiendo al país. En este caso, vendiendo uno de los recursos naturales más importantes, el petróleo.

La reforma energética que aprobarán PRI y PAN a más tardar la próxima semana es el robo del siglo a la Nación.

El gobierno y el PRI inicialmente presentaron una iniciativa inspirada supuestamente en el cardenismo original de 1938, que permitía la asociación con capital privado.

Pero al aliarse con el PAN, a fin de obtener el número suficiente de votos aprobatorios en el Congreso, cambiaron el cardenismo por el porfirismo. Transitar del pretérito al pospretérito, esa es “la visión de futuro” de la reforma constitucional energética, que privatiza por igual el petróleo y la generación de energía eléctrica.

Gracias a Ramón López Velarde, la mayoría de los mexicanos sabemos que “el niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el Diablo” (La Suave Patria). Como también sabemos que en materia de reformas constitucionales, el Diablo nunca se esconde en las reformas, sino en los detalles, es decir, en las leyes reglamentarias correspondientes. Y la que están preparando el PRI y el PAN (PRIAN, de manera económica), tiene el aroma del azufre.

De acuerdo con el borrador que circula entre legisladores y que han divulgado parcialmente algunos medios de comunicación, la propiedad pública de los hidrocarburos solo aplicará cuando estén en el subsuelo, “y podrá ser transferida al sector privado a boca de pozo”. Adicionalmente, se plantea que el Estado podrá pagar con hidrocarburos y se admite todo tipo de contratos; será posible compartir producción y se permitirán las concesiones, no explícitamente con ese nombre, sino bajo el concepto de licencias.

Las compañías privadas, sin importar su nacionalidad, estarán en libertad de disponer del petróleo que les toque en sus contratos; “podrán incluso exportarlo y refinarlo, entre otras opciones”. De esta manera se abre la puerta para que haya refinerías privadas, así como oleoductos, poliductos, plantas de gas y terminales, entre otras instalaciones industriales. En el caso de las refinerías de Pemex, “se podrán vender, dar en comodato u operar en asociación con el sector privado”, como de hecho ya ocurre en algunos lugares, por ejemplo, en el complejo petroquímico de Pajaritos, donde Pemex se asoció con Mexchem, cediendo los activos de esta refinería a precios de ganga.

Se plantea también la apertura total de la petroquímica y se propone que los precios de la gasolina sean administrados al principio, “pero en el futuro fluctuarán en función de los mercados internacionales”, es decir, se institucionalizan los gasolinazos de cada mes.

¿Quién asignará el reparto de esta riqueza? ¿Las “fuerzas del mercado” o los intereses del Estado? ¿Una comisión técnica, autónoma y transparente o la burocracia estatal? “La Secretaría de Energía (Sener) otorgará permisos de reconocimiento y exploración superficial, así como títulos de explotación agrupados en dos categorías: asignaciones y contratos… Del conjunto de contratos, la Secretaría de Energía podrá escoger entre una amplia gama de posibilidades, como los contratos de riesgo puro, de reparto de la producción, de utilidad compartida y las licencias. La selección de una u otra modalidad dependerá de las características petroleras de las áreas puestas a disposición de los productores”.

A la cabeza de esta superburocracia petrolera estará una especie de tlatoani o Tláloc energético, que no hará llover precisamente agua o luz barata a los mexicanos, sino contratos energéticos a diestra y siniestra de inversionistas privados: “el Presidente de la República definirá por decreto qué porciones del territorio estarán abiertas a la búsqueda y extracción de hidrocarburos, y qué zonas se dejan para explotación futura” (LaJornada, 1 de noviembre 2013).

Un tratamiento similar se propone para el sistema eléctrico nacional, donde no se prevén concesiones o licencias, pero sí contratos con particulares, y una tarifa diferenciada para consumidores domésticos y grandes consumidores.

Y eso que la reforma no es “en absoluto privatizadora”. Imagínese usted si lo hubiera sido. Se cocina el atraco del siglo, con autorización del Congreso.

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