De paradigmas y paradogmas energéticos

Si el paradigma estatizador requirió 70 años para desgastarse, el paradogma privatizador solo ha necesitado dos décadas.

Paradigma es una “experiencia de conocimiento que establece un ejemplo, un modelo o un patrón a seguir” (RAE). Paradogma, en cambio, es una postura economicista impuesta de manera unilateral a una sociedad, con la homogeneidad y cobertura del llamado “pensamiento único”. 

Para superar el paradigma estatizador que durante años rigió el sector energético del país (con evidentes signos de agotamiento y desgaste), se ha recurrido al extremo contrario, al paradogma privatizador donde las fuerzas del libre mercado, comandadas por las leyes de la oferta y la demanda, harán el milagro de proporcionar al país energía barata, limpia y de excelente calidad.

Sin embargo, algo tiene la palabra “privatización” que hasta sus más entusiastas promotores en privado no se atreven a utilizarla en discursos públicos ni, mucho menos, a dejarla plasmada en sus iniciativas de reforma y leyes secundarias energéticas.

La razón es sencilla: si el paradigma estatizador requirió siete décadas para desgastarse en ineficiencias económicas, corrupciones públicas y abusos del poder contra los ciudadanos, el paradogma privatizador solo ha necesitado dos décadas para convertirse en un generador irrefrenable de concentración de riqueza, extractor abusivo de rentas económicas y fracturador de estructuras sociales, donde la delincuencia generacional que azota al país es solo uno de sus más crueles efectos.

Entre los diversos ángulos que podríamos retomar para rechazar las leyes secundarias energéticas recién aprobadas en el Senado (cabe señalar que podría editarse un catálogo de más de 15 mil páginas con las 3 mil observaciones y reservas formuladas), en esta ocasión me centraré en el diseño fallido o galimatías conceptual sobre el que descansa la reforma energética y sus correspondientes leyes secundarias.

1) Se modifica un precepto fundamental irreductible de la Constitución (la propiedad y el usufructo de la Nación sobre los recursos del subsuelo) sin existir de por medio un nuevo constituyente o una consulta popular vinculante.

2) Se adopta la figura de “licencias” propia del derecho administrativo para encubrir la figura de “concesiones” propia del derecho público patrimonial, expresamente prohibida en la Carta Magna.

3) Con la figura de la “ocupación temporal” se establece una modalidad de expropiación no contemplada ni en el constituyente original ni por el órgano reformador permanente que el año pasado modificó la Constitución. Como ha acontecido en otros momentos, la ley secundaria energética va más allá de la propia Constitución.

4) Las expropiaciones se justifican siempre por causas de “utilidad pública”. Sin embargo, con la “ocupación temporal” se promueve una variante de injerencia por parte del Estado no contemplada en ningún derecho constitucional del orbe: la expropiación por causa de utilidad privada.

5) Pemex y CFE dejan de ser paraestatales para convertirse en “empresas públicas productivas”, donde el propietario de las mismas ya no es el Estado, sino el gobierno. Se les dota de autonomía de gestión, pero solo para ser desmanteladas o vendidas, mientras que la independencia presupuestal queda reducida severamente con la nueva obligación fiscal de pagar dividendos al gobierno de hasta 30 por ciento, después de cubrir impuestos y derechos. Es decir, sigue vigente el esquema de “productividad” fiscal con el que actualmente se ordeña a estas empresas.

6) La representación sindical quedó a salvo de la nueva configuración de Pemex y CFE como “empresas públicas productivas”. La reforma energética “no deberá afectar en forma alguna los derechos de los trabajadores en activo ni sus jubilados y pensionados”. La aristocracia sindical cleptómana, queda intocada.

7) De manera insólita se otorga un fuero especial a los altos funcionarios de Pemex en caso de daño patrimonial, afectaciones a la población o perjuicio a la economía del país. “Los miembros del Consejo de Administración no incurrirán individual o conjuntamente en responsabilidad por los daños o perjuicios que llegare a ocasionar a las mismas, derivados de los actos u omisiones, así como por decisiones que adopte”, cuando se actúe de “buena fe”, se cometan error por primera vez o cuya decisión resulte “debatible” (Art. 36 de la nueva ley de Pemex).

Con estos y otros paradogmas energéticos no queda más que darle la razón a Ramón López Velarde: los veneros de estas leyes energéticas fueron escriturados por el diablo.

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