El ogro sanguinario

El ogro anda suelto. En tres meses tres actos, en tres gobiernos de distinto signo político, donde las fuerzas de seguridad aparecen involucradas en actos de represión y exterminio.

¿Qué tienen en común los municipios de Tlatlaya, en el Estado de México, gobernado por el PRI; Atlixco, Puebla, entidad gobernada por el PAN, e Iguala, Guerrero, municipio y estado gobernados por el PRD? La participación de fuerzas oficiales de seguridad en actos de represión y exterminio, donde el abuso de autoridad y las ejecuciones extrajudiciales son el común denominador.

En Tlatlaya, el implicado es el Ejército mexicano, en grado de participación directa, al ejecutar a 22 presuntos delincuentes que se habrían entregado previamente, en hechos ocurridos el 30 de junio pasado.

En Atlixco, la indiciada es la policía estatal de Puebla, que al desalojar a unos manifestantes de San Bernardino Chalchihuapan que bloqueaban una carretera dispararon balas de goma contra los participantes, causando la muerte del menor de 13 años Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el 9 de julio.

En Iguala, el caso más indignante, la involucrada es la policía del municipio, que en grado de colusión directa con un cártel de la delincuencia organizada denominado Guerreros Unidos, habría secuestrado, desaparecido y/o asesinado a 43 estudiantes normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre.

En tres meses tres hechos, en tres estados del país, con tres gobiernos de distinto signo político, donde las fuerzas de seguridad aparecen involucradas en actos de represión y exterminio. Así de grave es la crisis de seguridad que vive el país.

Si las fuerzas armadas federales y las policías estatales y municipales, son los únicos brazos armados reconocidos por nuestra Constitución para ejercer el monopolio de la violencia legítima, entonces habrá que señalar dos debilidades institucionales del Estado mexicano en su conjunto: ni tiene el monopolio de la violencia legítima (por la proliferación de grupos armados delincuenciales que le disputan ese recurso), ni la violencia que ejerce al amparo de la ley es legítima cuando se acompaña del uso y abuso de la fuerza del Estado. 

Si la policía es el Estado en la calle (Napoleón dixit), entonces habrá que reconocer que los brazos del Estado mexicano están gangrenados; en unos casos por el virus del abuso de autoridad y la proclividad al uso de la fuerza letal, y en otros por el cáncer que genera la corrupción y la colusión con el crimen organizado.

En descargo de las fuerzas armadas habrá que señalar que no están en la lucha contra la delincuencia por motu proprio. El poder civil los metió a esta aventura desde el gobierno de Felipe Calderón y el actual lo sigue haciendo porque no ha alcanzado a estructurar una policía de aproximación confiable, profesional y compatible con el respeto a los derechos humanos. La Gendarmería va en ese sentido, pero apenas empieza. El militar está entrenado para exterminar objetivos y obedecer órdenes. A diferencia de la policía que está formada para capturar objetivos y entregarlos con vida a las autoridades, como regla general. Mientras persista la estrategia militarizada de combate a la delincuencia, seguirá  habiendo casos como el de Tlatlaya, donde el último eslabón de responsabilidad es de carácter civil, no exclusivamente militar.

En los casos de Atlixco e Iguala, el poder político está directamente inmiscuido. La responsabilidad de las autoridades locales en los hechos de represión y exterminio son inocultables. En Puebla se hicieron al amparo de una ley que permitía a los policías estatales reprimir y usar armas supuestamente no letales, pero que en manos de una policía improvisada se volvieron mortales.

Mientras que en Iguala, la situación tocó fondo: la connivencia entre la autoridad municipal, su policía y el crimen organizado local perpetraron lo que ya se perfila como un crimen de Estado genocida contra un grupo de estudiantes que han mantenido una lucha y una resistencia política por demandas educativas y laborales.

En solo tres meses dos masacres contra civiles inermes y el asesinato de un niño indefenso ilustran el nivel de violencia que puede ejercer un Estado que busca contener su descomposición recurriendo a la represión, al exterminio y al autoritarismo. El ogro sanguinario anda suelto y habrá que someterlo lo más pronto posible.

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