2015, el milagro/y II

…Y cuando todo estaba listo para el gran anuncio que recuperaría la confianza y la credibilidad, justo en ese momento sonó el despertador.

En su objetivo por rescatar la confianza y la legitimidad perdidas, el gobierno habría decidido  impulsar diversas políticas públicas contra la inseguridad, la impunidad y la corrupción en el segundo semestre de 2015

Julio: Se elimina la facultad discrecional de los servidores públicos de los tres órdenes y de las tres ramas de gobierno para decidir la difusión o no de su patrimonio personal y familiar. En lo sucesivo, la declaración del patrimonio de los servidores públicos del Estado mexicano será universal, exhaustiva, verificable, disponible al público y obedecerá al principio de máxima difusión.

Agosto: Se acota el carácter ordinario y recurrente de las asignaciones directas en materia de obra pública, proveeduría y compras del sector público. Solo se permitirán de manera excepcional y extraordinaria en casos de desastres naturales, seguridad nacional estratégica o una emergencia nacional. Pero aún en esto casos se verificará que el ejercicio de las licitaciones asignadas no se salga de los parámetros de mercado.

Septiembre: Se aprueba un capítulo anticorrupción en la Constitución, para definir y tipificar la gama de conflictos de interés y de intereses en conflicto que merodean la vida pública del país y en los que podría incurrir un funcionario público con facilidad, así como para establecer los valores básicos de una nueva ética del servicio público y de una verdadera cultura de relación democrática entre la ciudadanía y el gobierno, y entre la sociedad y el Estado. Derivado de esta reforma constitucional se publicará cada año un mapa del posible tráfico de influencias en que puede incurrir cada área de la administración pública.

Octubre: Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. No hay autoridades corruptas sin particulares corruptores. Se tipifica el delito de “corrupción empresarial”, para sancionar y procesar penalmente a las empresas y corporaciones empresariales que incurran en actos de corrupción económica. Se introduce la figura de responsabilidad penal para las empresas, no solo multas administrativas, de tal forma que sea posible disolver, clausurar, prohibir o hasta extinguir las sociedades anónimas y personas morales que se coludan para incurrir en actos de corrupción económica.

Noviembre: Se reconoce que no basta con desaparecer las policías municipales y crear 32 mandos únicos estatales. Si no se profesionalizan y se vuelve un servicio público de carrera, al margen de los vaivenes políticos y electorales, el problema de la corrupción seguirá y solo cambiará de manos y de mandos. La profesionalización implica policías con nivel universitario o equivalente, con capacitación permanente en áreas jurídicas, criminalística, pericial, preparación física, derechos humanos y nivel salarial digno. No hay que desaparecer de un plumazo a las policías municipales. Se puede fortalecer un sistema mixto, donde haya policías estatales y municipales capaces, funcionales e íntegros. En cambio, solo desaparecerán aquellos cuerpos municipales que fallen. La policía es “el Estado en la calle”, por ello debe ser un servidor que sirva a la ciudadanía y no que se sirva de ella.

Diciembre: La impunidad es el combustible de la violencia y la inseguridad que azota al país. Se concluye que el sistema de justicia está rebasado en diversos ámbitos: por la creciente demanda en los juzgados, por la burocratización de los procedimientos judiciales, por la incapacidad técnica y por la ausencia de recursos humanos calificados para garantizar de manera oportuna y expedita el bien público de la justicia. Se propone un rediseño y una reconstrucción del sistema judicial, a partir de los juicios orales, pero también para eliminar algunas prácticas de abuso judicial, como la eliminación del arraigo y precisar los delitos de delincuencia organizada. De la misma manera se propone dar mayor claridad y certeza a la transición entre el sistema judicial tradicional y el nuevo con base en los juicios orales. La reforma del sistema de justicia en México no significa solo crear nuevas leyes, sino proveer leyes que la gente acepte y considere necesarias, para que las cumpla y respete.

… Y cuando todo estaba listo para el gran anuncio de una estrategia integral que buscaría recuperar la confianza y la credibilidad del gobierno, perdida en el otoño pasado, justo en ese momento sonó el despertador.

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