¿16 mil desaparecidos?

La cifra es dantesca y plantea un problema mayúsculo de inseguridad y procuración de justicia a la actual administración.

La inseguridad fue el tendón de Aquiles del gobierno anterior y lo está siendo del actual, sumado al mal momento que vive la economía.

El tema no mereció siquiera que el Pacto por México dedicara alguna de su docena de reformas estructurales o por lo menos una ley secundaria de las más de 50 que se han procesado o habrán de procesarse en estos días.

Pero la realidad es la realidad y termina por imponerse a cualquier olvido involuntario o interesado.

La narrativa oficial destaca avances en algunos puntos (25% menos ejecutados en el primer cuatrimestre de este año), pero oculta o minimiza otros: el incremento en las extorsiones, secuestros y desapariciones.

El crimen organizado parece haber tomado nota de que al actual gobierno le molestan las ejecuciones y los enfrentamientos en plena vía pública, y ahora ha optado por la desaparición y ocultamiento de sus víctimas, en fosas clandestinas, en basureros o en el mar.

Si en el gobierno anterior el crimen organizado salió de sus clósets, hoy parece estar regresando a ellos, pero con sus víctimas a cuestas. Esto explicaría el descubrimiento de fosas clandestinas a razón de una por mes en lo que va del actual gobierno, donde se acumulan más cadáveres que en los enfrentamientos callejeros.

Las desapariciones están marcando el presente. La cifra proporcionada ayer por el secretario de Gobernación dimensiona el problema. “Hay una sola lista que hoy tenemos en alrededor de 16 mil personas”, segmentada en dos momentos: 8 mil hasta 2012 y 8 mil de ese año a la fecha, es decir, en los 17 meses de la actual administración. Si bien la cifra difiere de informes preliminares de la CNDH y organizaciones civiles de México y Centroamérica, procedamos a darla por buena.

Es una cifra que se sale de rango incluso para los parámetros del sexenio anterior, cuando se levantó un censo preliminar de 26 mil desparecidos, que después de una revisión oficial se redujo a 13 mil, para quedar finalmente en los 8 mil validados ayer.

Es decir, mientras el promedio de desaparecidos en el gobierno de Calderón habría sido únicamente de mil 333 por año, hoy sería aritméticamente seis veces superior, a razón de 470 desaparecidos por mes, 5 mil 640 desaparecidos en el primer año de la actual administración.

La cifra es dantesca y plantea un problema mayúsculo de inseguridad y procuración de justicia. El descuido o desatención institucional del tema ocasionó la renuncia del subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, no solo porque el asunto “ya perdió prioridad” en el actual gobierno, sino por el incremento del fenómeno que terminó rebasando la capacidad de atención y respuesta del gobierno mismo.

Los desaparecidos están vinculados estrechamente con un fenómeno colateral: las ejecuciones extrajudiciales. La semana pasada, durante los enfrentamientos criminales en el sur de Tamaulipas, las redes sociales registraron la ejecución de dos presuntos delincuentes que habrían sido capturados con vida por parte de las fuerzas armadas que los interceptaron.

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, preparó un informe por demás preocupante: “Según la información proporcionada por las autoridades mexicanas, fueron cometidos 102 mil 696 homicidios dolosos durante la pasada administración federal. Según el gobierno, a lo máximo 70 mil de ellos fueron asesinatos relacionados con las drogas. A esto se le une, y de hecho contribuye, una impunidad sistemática y endémica. Solo entre 1 y 2% de los delitos, incluidos homicidios, llega a ser condenado”.

Y formula 31 recomendaciones, entre las que destacan encargar la seguridad pública a las autoridades civiles, no a las fuerzas armadas; un banco de datos genéticos para la identificación de personas desparecidas; y garantizar una plena, pronta, efectiva, imparcial y diligente investigación de los homicidios perpetrados contra mujeres, migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos, niños y niñas, personas privadas de la libertad y LGBT.

Hay ausencias que exigen mayor presencia del Estado, no el olvido o la minimización, y este es el caso de las crecientes desapariciones en el país.

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