El gobierno sí discrimina

De aquí a cobrar impuestos a las familias que tengan cuatro o más hijos solo hay una nueva reforma fiscal de por medio.

La frase es textual, tomada del discurso publicado en la página oficial de la Sedesol, con el título “Mensaje de Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, durante la toma de protesta al comité comunitario de La Cruzada Nacional contra el Hambre, en la comunidad de Los Encinos, El Nayar, Nayarit, 30 de abril de 2014”…

“Y quiero también aprovechar para decirles que no por tener muchos hijos van a tener más Oportunidades. Oportunidades ya no va a beneficiar a las que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a las que tengan pocos hijos, porque la familia pequeña vive mejor y porque tenemos que pensar en estos niños y en estas niñas. Así que no se me equivoquen, no me hagan cuentas multiplicando diez por cinco. No. Eso ya se acabó, porque Oportunidades lo que quiere es que esa familia salga adelante, y esa familia sólo saldrá adelante si es una familia pequeña y tiene la posibilidad de educación, de salud, de una vivienda digna, de todo lo que nos garantiza nuestra Constitución”.

Al igual que Carlos Puig, en su colaboración de ayer lunes, en lo personal pienso que esa declaración de Rosario Robles fue producto de un resbalón verbal, muy común entre los que andamos de la seca a la meca en la actividad pública. Otorguémosle el beneficio de la duda.

Sin embargo, no podemos hacer lo mismo con otro sector del gobierno, el de la tecnoburocracia, al igual que los grupos de la derecha social, porque lamentablemente comparten un prejuicio discriminatorio contra las familias pobres en función del número de hijos.

Hay un hecho irrefutable: la política social en México no elimina la pobreza. Al contrario, tiende a fomentarla y a reproducirla. Si hubiésemos distribuido entre los mexicanos pobres, de manera individual, todo el gasto social que se ha invertido en los últimos 30 años, tendríamos pobres millonarios. Cada uno hubiese recibido en promedio más de un millón de pesos.

¿En qué punto los programas sociales gubernamentales, diseñados para estimular el esfuerzo individual y familiar para salir de la pobreza, se convierten en incentivo perverso para seguir viviendo en esta condición?

Por ejemplo, ¿en qué punto los programas de apoyo a las madres solteras, lejos de revertir este fenómeno, lo fomentan y estimulan? ¿En qué momento se vuelve más atractivo tener “los hijos que el gobierno me pueda mantener” a tener “los hijos que yo pueda sostener”? ¿En qué circunstancia el seguro popular se vuelve un catalizador del trabajo informal y no un promotor del trabajo con seguridad social?

La respuesta es una: los programas sociales en México no están orientados a desarrollar ni a liberar las capacidades productivas individuales o familiares de los beneficiarios, sino a crear amplias clientelas políticas bajo el criterio dominante de la rentabilidad electoral. La política social descansa en el intercambio de favores por votos, no en el de apoyos oficiales por capacidades y aptitudes demostrables.

El ejemplo más reciente lo acabamos de tener con la aprobación del seguro del desempleo y la pensión universal el año pasado. Ni es seguro (porque sacrifica la cuenta de vivienda del trabajador) ni es pensión (porque solo alcanza para adquirir un 25% de la canasta básica mínima mensual), pero sí genera un reservorio de 8 millones de votos potenciales para el gobierno en la próxima elección federal. Todo ello, además, financiado al estilo Moreira, con deuda pública disfrazada.

La política social mexicana está podrida por ambas partes. Tan irresponsable es tener, ya no “los hijos que Dios me mande”, sino “los hijos que el gobierno me pueda mantener”, como reaccionario y genocida es utilizar los programas sociales como mecanismos de planificación familiar. De aquí a cobrar impuestos a las familias que tengan cuatro o más hijos solo hay una nueva reforma fiscal de por medio.

Si el número de hijos va a ser el criterio dominante para seleccionar a las familias del programa Oportunidades, habrá que colocar en la puerta principal de la Sedesol una leyenda que advierta: “Este gobierno sí discrimina por causas de fecundidad femenina y de fertilidad étnica”, y de inmediato pedirle al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, que proceda a clausurarlo.

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