“Fue el Estado”

¿Es responsable el “Estado mexicano” de lo acontecido en Iguala la noche del 26 de septiembre?

Depende de lo que se entienda por “Estado”.

En el sentido contemporáneo del término (“comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios”) no lo es. Ni la comunidad nacional ni sus órganos de gobierno deliberaron o conspiraron para tomar la decisión de secuestrar, matar e incinerar a los estudiantes normalistas.

Sin embargo, no es la única definición aplicable.

En términos del constitucionalismo moderno o de la justicia garantista, el Estado es una pirámide de responsabilidades escalonadas y subsidiarias (Hans Kelsen), donde los actos de autoridad tienen consecuencias directas en dos niveles: por ejecución directa (comisión) o por inejecución de facultades expresas (omisión).

Desde el momento mismo en que intervinieron policías municipales y el alcalde de Iguala, en calidad de tales, en la detención y posterior desaparición de las víctimas, es innegable que una parte del Estado mexicano quedó directamente involucrada en esta barbarie.

El acto de autoridad mediante el cual los estudiantes fueron detenidos y desaparecidos está claramente definido: el alcalde dio la orden de detenerlos y la policía municipal ejecutó la instrucción. Hasta aquí la responsabilidad recae de manera directa en el primer escalón de responsabilidades del Estado mexicano, que es la instancia municipal. ¿Se debe y se puede involucrar al resto de la pirámide estatal?

Desde el punto de vista de la subsidiariedad de responsabilidades estatales, sí, dado que los peldaños restantes son la continuidad o el aval solidario del primero, sobre todo en el ejercicio de la cualidad que distingue por antonomasia al Estado moderno: el monopolio de la violencia legítima.

En el caso de Iguala, el involucramiento de los tres órdenes de gobierno es estructural: los policías municipales secuestradores eran funcionarios de seguridad uniformados y pagados tanto por el gobierno municipal como por el estatal, mientras que las patrullas, las armas y las portaciones correspondientes fueron proporcionadas por la instancia federal, dando por hecho la integridad e idoneidad de quienes ejercerían a nivel municipal el uso de la “violencia legítima”.

Por supuesto, el grado de responsabilidad es muy distinto entre los policías que materialmente atentaron contra los estudiantes, respecto a la autoridad estatal que les paga y respecto a la autoridad federal que los arma. Mientras los municipales serían responsables directos por comisión, los segundos lo serían de manera indirecta o por omisión.

Debemos considerar que en materia grave de violación de derechos humanos, como es el caso de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, las responsabilidades de la autoridad se gradúan conforme a la ubicación en la pirámide de facultades, pero no se extinguen, desaparecen ni, mucho menos, se pueden ocultar.

En este sentido, el Estado mexicano en su conjunto sí es responsable en grado diverso de lo acontecido aquella noche. Tan lo es, que el gobernador Ángel Aguirre, sin haber dado orden alguna, debió pagar subsidiariamente la parte de responsabilidad que le correspondió por omisión.

Con esa misma lógica, una parte del electorado pide ahora la salida del tercer responsable y último aval solidario de esa pirámide de facultades escalonadas que es el poder público: el Presidente de la República.

Ahora bien, desde el punto de vista de la cultura política, ¿por qué el Estado mexicano en su conjunto es para muchos ciudadanos el responsable de esa barbarie? Porque el imaginario mexicano, durante siglos, ha sido moldeado bajo la creencia popular de que un presidente municipal no se manda solo. Arriba de él hay un gobernador y arriba de ambos está el Presidente de la República, origen primario de todos las bondades y males del país. No es producto de la casualidad que nuestra tierra haya sido gobernada sucesivamente por Tlatoanis, emperadores, dictadores y presidentes omnímodos.

Por último, también podemos afirmar que “fue el Estado” en el sentido etimológico y helénico del término: “Situación o modo de ser definitorio de una persona o cosa”. ¿A qué tipo de Estado nos referimos? Al Estado de descomposición social que vive el país, al Estado de complicidad de diversas autoridades y el crimen organizado, al Estado de impunidad que atraviesa la nación y al Estado de corrupción que es el origen y la raíz de todo lo anterior.

¿Así o más claro?

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twiter.@ricardomonreala