La expropiación expropiada

Este 18 de marzo conmemoramos por primera vez en nuestra historia una efeméride surrealista: el “día de la expropiación expropiada”.

Si usted es de los que piensan que este 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera, ya no hay nada que celebrar, porque la reforma energética legalizó todo lo que el artículo 27 constitucional prohibía de manera expresa (licencias, permisos, contratos, convenios y toda una gama de asociaciones con el capital nacional y extranjero), pues está muy equivocado.

De hoy en adelante, cada 18 de marzo tenemos una renovada motivación para conmemorar algo por demás surrealista, como muchas de nuestras efemérides históricas: “el día de la expropiación expropiada”.

Y es que la reforma energética del año pasado confiscó a la Nación mexicana la propiedad exclusiva de los hidrocarburos y arrebató al Estado la rectoría económica en materia petrolera, que eran precisamente los dos factores a rememorar ese día.

De ahora en adelante, gracias a la reforma energética, las reservas petroleras concesionadas podrán ser consideradas como activos contables de las compañías privadas que obtengan una licencia o contrato de explotación del gobierno mexicano; mientras que la decisión de cuántos barriles extraer, a qué precios vender, con qué países tratar y dónde procesar el producto no será más del gobierno mexicano, sino de las corporaciones transnacionales que extraigan el crudo mexicano.

¿Cómo se dio esta expropiación de la expropiación?

Una mayoría mecánica y simple de legisladores federales y locales (un “poder constituido”) se extralimitó en sus facultades y atribuciones: decidió modificar uno de los principios fundamentales o irreductibles de la Constitución de 1917 (la propiedad exclusiva de la nación sobre los hidrocarburos) sin convocar para ello a un referendo constitucional o sin erigirse en un poder constituyente originario, que son las dos vías democráticamente aceptadas para reformar principios fundamentales de una Constitución.

Con esta misma lógica, una mayoría calificada de legisladores federales y locales (llamada también “órgano reformador de la Constitución”) podría en un futuro actuar en sentido contrario: decretar la abolición de la propiedad privada, acordar la desaparición del federalismo y la adopción del centralismo, o peor aún, decretar la abolición de los derechos humanos y las garantías individuales. Y no habría forma de impugnar esa decisión porque habría sido “conforme al procedimiento de reforma que marca la Constitución”. Es decir, un golpe constitucional contra la Constitución. El absurdo.

Una de las posibles vías para modificar o contener este escenario extremo era la consulta popular. Pero la forma como PRI y PAN acotaron y redujeron los alcances de este instrumento de la democracia directa (no permitiendo que las reformas constitucionales pudieran ser revisadas por una consulta nacional) nos habla de la forma como la actual legislatura se resiste a dar mayores poderes a los electores y a los ciudadanos.

Considerar que una mayoría calificada de legisladores está por encima de la mayoría ciudadana o son la voluntad nacional, no aceptando validar las decisiones legislativas mediante una consulta vinculante o un referendo constitucional (como acontece en la Unión Europea, por ejemplo), es el rostro contemporáneo de un tipo de autoritarismo político llamado “dictadura legislativa”.

Las dictaduras legislativas funcionan precisamente como lo hicieron los legisladores federales y locales que aprobaron la reforma energética. Reforman disposiciones fundamentales de la Constitución sin consultar a sus representados, actúan como dueños absolutos y plenipotenciarios de la voluntad popular, expropian la facultad fundamental de los ciudadanos de decidir directamente en las urnas asuntos fundamentales para la Nación, y en cambio, obedecen sin chistar consignas de instancias metaconstitucionales o extraparlamentarias (como la partidocracia), legislan al vapor, sobre las rodillas y en lo oscurito; expropian al país los bienes y patrimonios nacionales y, para cerrar con broche de oro, exigen que se les trate y se les pague como héroes de la Patria.

Gracias a esta dictadura legislativa y al gobierno que promovió la reforma energética, este 18 de marzo conmemoramos por primera vez en nuestra historia una efeméride surrealista: el “día de la expropiación expropiada”.

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